En días recientes y según dan cuenta diferentes notas en medios de comunicación y sus ecos en las redes sociales, se ha generado una polémica entre uno de los empresarios con mayores intereses en el turismo mexicano, Alejandro Zozoya, y el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco.
El meollo de la controversia es sobre si hay o no estrategia turística del país. Desde la perspectiva de Zozaya –quien por cierto fundó la cadena hotelera líder en el segmento de sol y playa de México y que actualmente cuenta con hoteles en 11 países tanto en América como en Europa–, no existe una estrategia para potenciar el tráfico de calidad hacia el país en un escenario pos-pandémico en el que poco a poco los destinos turísticos del mundo se van reincorporando a la competencia.
Por su parte, el dicho de Torruco se sustenta en que se impulsa una estrategia de diversificación para poner en valor hasta 254 plazas que tienen potencial turístico con una estrategia global para democratizar (sic) el turismo y crear nuevos productos, un ejemplo de ellos sería el Tren Maya.
Asimismo, el titular de Sectur considera que esa estrategia impulsará el aumento en el gasto medio, en el entendido de que dicho gasto tiene un nivel relativamente bajo en el país. La razón que cita Torruco para que México se ubique en el lugar 40 del ranking mundial en este indicador es que en los otros países, tanto el gobierno como la iniciativa privada tenían más habilidad “para crear, incentivar y motivar nuevos productos…”.
Hay que señalar que Torruco tiene razón al decir que si hay una estrategia –más allá de lo cuestionable que pueda ser–. Sin embargo, lo que suena poco afortunado para el turismo del país, es que esta no sea una estrategia compartida, ni consensuada entre el gobierno federal y el sector privado.
Parece que si los empresarios que están en el día a día de un competido mercado turístico, tienen algo que decir al respecto de cómo potenciar el turismo mexicano, como en este caso Zozaya, deben ser escuchados.
Como en tantos otros temas de la vida nacional, sigue quedando pendiente un espacio de diálogo y construcción de acuerdos en la materia turística.
Por cierto el Consejo de Promoción Turística de México fue el resultado de un acuerdo de Estado impulsado tanto por el sector público, como por el sector privado, ante la necesidad de fortalecer y consolidar la presencia de la marca turística México y de sus productos turísticos en los mercados.
Como en cualquier acuerdo, hubo una negociación y a cambio de garantizar presupuestos para la promoción turística utilizados de manera profesional y transparente los empresarios aceptaron que se impusiera el pago de un Derecho a los turistas internacionales, lo que para efectos prácticos encarecía el producto. No es preciso, entonces, afirmar que la promoción turística del país era un subsidio para las empresas.
Hoy, vale la pena recordar que cuando se lleva a votación su creación en la Cámara de Diputados, todas las fuerzas políticas lo aprobaron de manera unánime y que quien era el Presidente de uno de estos partidos –PRD– durante la mayor parte del proceso de construcción del acuerdo, fue ni más ni menos que el actual presidente de la República.