El financiamiento público es un tema que debe estar en todas las regulaciones electorales y ser adoptado para potenciar la equidad y evitar la corrupción de los actores políticos, señaló el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Manuel González Oropeza.
“Eso es lo que hacemos en México. Nosotros privilegiamos el financiamiento público sobre el privado”, explicó al participar en el seminario internacional Las Cortes Constitucionales y la Justicia Electoral, con el tema «Estándares internacionales y buenas prácticas en la protección de derechos fundamentales».
Tratados internacionales
En su exposición en este foro, el magistrado González Oropeza hizo notar que los tratados internacionales son de “gran utilidad jurídica” para los países que los adoptan.
Recordó que, por ejemplo, el artículo 53 de la Convención de Viena, suscrito por México, indica que es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general.
“Esta nos ha servido en el Tribunal Electoral para declarar la inconstitucionalidad de los usos y costumbres que discriminan a las mujeres. Una comunidad, por muy autónoma que sea, no puede discriminarlas”, puntualizó.
El magistrado del TEPJF dio a conocer que presentó una propuesta de dictamen ante la Comisión de Venecia, de la cual es miembro, sobre el mal uso de los recursos públicos en campañas políticas, que espera se apruebe en marzo de 2016.
