La fecha límite, del 1 de mayo de 2023, para legitimar contratos colectivos de trabajo, además de que la fijó el Congreso de la Unión mexicano, es un compromiso del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que modificar el plazo no es fácil, requiere de cambio legal y con los socios comerciales, dijo el director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo.
No cumplir con la fecha que se dio será un desacato a la legislación y eso significará que los trabajadores se quedarán sin un contrato colectivo de trabajo.
“La fecha de vencimiento de este plazo se estableció en un artículo transitorio, es decir, a través de un acto legislativo; en todo caso, el no cumplir con un ordenamiento, una norma establecida por el Congreso de la Unión, en este transitorio, evidentemente significaría un desacato a la norma”, expuso durante el Cuarto Foro Laboral Nacional del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).
Añadió que los sindicatos tuvieron cuatro años para someter a votación de sus afiliados los contratos colectivos de trabajo, por lo que tendrían que convencer a los socios comerciales del T-MEC y a los legisladores para que aprueben una nueva fecha.
Es una responsabilidad de los sindicatos legitimar el contrato y “si en cuatro años no pudiste poner a disposición de los trabajadores su contrato colectivo, que es el que regula sus relaciones laborales, que no les pusiste a disposición, cómo explicarles a los socios comerciales que tuvimos cuatro años, cada sindicato, para consultar a sus trabajadores para estar de acuerdo o no”.
No solamente se trata de una legislación nacional, sino que se plasmó en el T-MEC, por lo que añadió: “Es un compromiso que hizo el Estado mexicano frente a sus socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, en el anexo laboral. Es una cuestión que tiene que ver con el cumplimiento de un tratado de libre comercio”.
Dijo que no se puede decir que en México no se cumplirá con esta disposición, “es una disposición legal y un compromiso internacional”, expuso Domínguez Marrufo.
