A 31 años del magnicidio, el caso Colosio volvió a los tribunales del país con la recaptura del exagente del Cisen, Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien es considerado por la Fiscalía General de la República (FGR) como el segundo tirador.
El fin de semana, un juez federal dictó auto de formal prisión a Sánchez Ortega por su probable participación en el homicidio calificado del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994.
Sin embargo, para el abogado constitucionalista Pablo Andrei Zamudio Díaz, “la reactivación del caso permite al Gobierno Federal sostener la narrativa de que la justicia sí llega, aunque llegue muy tarde, y aunque los hechos estén marcadamente debilitados por el tiempo”.
“El problema real es que la justicia actual sigue sin operar”, señaló en entrevista.
Explicó que la FGR, encabezada por el fiscal Alejandro Gertz Manero, revivió la teoría del “segundo tirador”, un planteamiento controvertido que ha sido desechado, recuperado y vuelto a desechar desde 1994.
Lo anterior, sin pruebas nuevas, sin peritajes verdaderamente recientes y sin evidencia técnica que justifique la resurrección de un expediente debilitado por décadas de irregularidades, omisiones y silencios oficiales.
Tendencia institucional preocupante
Ante ello, Zamudio Díaz advierte que esta decisión refleja una tendencia institucional preocupante: la justicia histórica avanza mientras la justicia del presente permanece estancada.
“Con decisiones como esta, no sería extraño que pronto se hablara de ‘nuevas pistas’ incluso en crímenes de hace un siglo, bajo el pretexto de haber encontrado a otro involucrado —como en aquella emboscada del 20 de julio de 1923, cuando fue asesinado Francisco Villa por varios hombres armados—”, ironizó.
Indicó que la justicia del pasado se activa porque ya no incomoda; la justicia del presente se aplaza porque sí tiene efectos reales.
El abogado constitucionalista puntualiza que reabrir un expediente histórico es políticamente cómodo, ya que no implica tensiones con actores actuales ni confronta estructuras vigentes.
En cambio, los casos urgentes, los que exigen decisiones inmediatas, responsabilidades vivas y consecuencias institucionales continúan sin resolverse.
Falta de avances
En esa línea, Zamudio Díaz cuestionó la falta de avances en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso donde la información oficial permanece fragmentada, contradictoria y aplazada una y otra vez.
Agregó que, a más de 30 años del asesinato de Colosio Murrieta, toda reconstrucción pericial es precaria, buena parte de la evidencia se encuentra deteriorada y, por lo mismo, los eventuales testimonios pierden fiabilidad por el paso del tiempo.
El regreso del caso Colosio, uno de los episodios más sensibles de la transición política mexicana, abre más preguntas que respuestas. Para diversos analistas, esta decisión no se explica por razones jurídicas, sino por objetivos narrativos: mostrar acción donde ya no existe riesgo político, activar expedientes donde la verdad ya no incomoda y presentar justicia donde ya no estorba.
