Un tribunal federal negó un amparo al capitán de infantería, José Martínez Crespo, preso desde noviembre de 2020 en el Campo Militar 1-A por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa, que en septiembre próximo cumple doce años.
El primer militar detenido por este caso recurrió a la protección de la justicia federal luego de que una jueza de Distrito llevara al ámbito federal la causa penal en la que se le acusa del delito de desaparición forzada de personas, en el que se contempla una pena más severa.
En julio de 2024, la jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México trasladó el asunto bajo Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que contempla de 40 a 70 años de prisión por el delito de desaparición forzada de personas, y que entró en vigor en enero de 2018.
Derivado de la resolución, el capitán de infantería tramitó un amparo, en el que reclamó violaciones al principio de no retroactividad de la ley.
No obstante, magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación resolvieron que no existe violación cuando se trata del delito de desaparición forzada de personas, cuya naturaleza es permanente o continua, porque se consuma momento a momento durante todo el tiempo que el sujeto o sujetos se encuentres desaparecidos.
