El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que ninguna candidatura ganadora a cargos del Poder Judicial tiene sentencia firme por violencia que le impida asumir el cargo; sin embargo, señalaron que hay candidatos con acusaciones de acoso y por ser deudores alimentarios, donde no existió una investigación exhaustiva.
Las consejerías acusaron que las autoridades jurisdiccionales de distintos niveles de gobierno no respondieron varios de los requerimientos necesarios para comprobar si alguna candidatura estaba en un supuesto de inelegibilidad, relativo a la 8 de 8 contra la violencia.
La consejera Carla Humphrey evidenció tres casos de candidaturas ganadoras que tienen acusaciones en donde no se pudo comprobar que la persona no cometió estas infracciones.
Los tres casos
El primero es Jaime Vladimir Cisneros de la Cruz, candidato electo a magistrado en materia administrativa, en Nuevo León, señalado por acosar a sus alumnas a cambio de calificaciones, tomando represalias en caso de negarse a salir con él. También tiene denuncias en el movimiento Me Too.
El segundo es Sergio Díaz Rendón, candidato electo como magistrado a Sala Regional Monterrey, quien presuntamente es deudor alimentario.
Dijo que si bien entregó la constancia de no estar inscrito en el registro de deudores alimentarios, existe un convenio incumplido por el pago de la pensión alimenticia de un menor.
Finalmente, está Genaro Antonio Valerio Pinillos, para magistrado en materia civil de Sonora, señalado por acoso laboral, hostigamiento sexual y abuso de poder en distintos juzgados donde se ha desempeñado.
La consejera Claudia Zavala lamentó que a pesar de tener indicios de posible incumplimiento de la 8 de 8 contra la violencia, las autoridades responsables no aportaron información para comprobarlo.
“En otros casos, lamentablemente y debido a la ausencia de respuesta por parte de distintas autoridades jurisdiccionales, es imposible que la autoridad emita un resultado concluyente respecto a los indicios detectados”, sostuvo.
Hizo un llamado a las autoridades jurisdiccionales para que colaboren con el instituto en la atención a los requerimientos formulados, porque están involucrados derechos de personas.
Esta omisión por parte de las autoridades no puede considerarse menor ni secundaria, lo que está en juego es el cumplimiento efectivo de la reforma constitucional, que desde el artículo 38 establece los supuestos bajo los cuales una persona tiene suspendidos sus derechos políticos, apuntó.
