Cuando se hace un análisis retrospectivo de las reformas electorales en México, se observa que siempre se dieron en contextos de crisis políticas, déficits de legitimidad o fuertes demandas ciudadanas. La de 1977 abrió la puerta al pluralismo político y permitió que nuevas fuerzas tuvieran representación; en 1990 nació el entonces Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral (Trife), para garantizar un árbitro independiente en las elecciones frente al Poder Ejecutivo, luego, en 1996 se consolidó su autonomía; en 2007 se reguló la relación entre partidos y medios de comunicación y en 2014 se creó el Instituto Nacional Electoral y se impulsó la paridad de género.
Cada una de estas reformas respondió a coyunturas específicas y, en muchos casos, a soluciones parciales. Fueron diseñadas por la partidocracia, las élites académicas o los medios corporativos de comunicación, sin una verdadera participación directa de la sociedad. Hay que recordar que en aquellos años no existían las redes sociales, hoy indispensables para que la ciudadanía ejerza activamente su derecho a participar. Sin embargo, todas esas reformas cerraron la deliberación a la sociedad, porque el propio sistema estaba diseñado para mantener baja la participación ciudadana.
Hoy, la discusión ocurre en un escenario radicalmente distinto. La ciudadanía exige instituciones y procesos electorales menos costosos, partidos y representantes que respondan a sus intereses y no a la cúpula de las dirigencias; una reforma de fondo que fortalezca la democracia.
La iniciativa surge del propio gobierno: a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, con el propósito de que la democracia se transforme con la participación de la sociedad. Hoy, por primera vez se convoca a la ciudadanía a ser protagonista en la construcción de su propio sistema democrático, a que deje de ser espectadora y se convierta en actor central.
A través del micrositio oficial Tu Voz Cuenta (https://www.reformaelectoral.gob.mx/), cualquier persona puede sumarse al proceso: asistir a audiencias públicas en todo el país, registrarse como ponente para exponer su propuesta o subir iniciativas en línea que serán consideradas en el dictamen final. Este mecanismo abre la deliberación a académicos, universidades, partidos de oposición, autoridades electorales, colectivos, mexicanos en el extranjero, comunidades indígenas, sociedad civil organizada y ciudadanía en general, de modo que la reforma sea un reflejo plural de la nación, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, cuando las reformas se hacían después de cada proceso federal y a medida de los intereses del Ejecutivo en turno.
El valor de esta reforma no está solo en los cambios técnicos que pueda contener, sino en el método mismo: un proceso abierto de participación y construcción colectiva. México tiene hoy la oportunidad de pasar de reformas hechas “desde arriba”, a una construida “con todos y para todos”. Este ejercicio marcará un precedente histórico: el de una democracia que se atreve a reformarse a sí misma, escuchando la voz de su pueblo.
Tu voz cuenta, ¡participa!
