El jueves 6 de febrero, Alejandro Gertz Manero entregó al Senado de la República su Plan de Persecución Penal. El documento expone los objetivos que busca lograr como titular de la Fiscalía General. Aunque tiene algunas virtudes, este texto revela una visión limitada del papel que deben jugar las autoridades federales de justicia en la tarea de pacificar al país.

El principal defecto del Plan de Persecución Penal Federal es haber dejado fuera de sus prioridades el combate a la violencia letal. No están en su mira el asesinato contra niños, niñas y adolescentes; tampoco están los homicidios contra mujeres y hombres. En resumen: no basta que las muertes violentas en México hayan tocado su punto histórico más alto, para convencer al Fiscal General de prestar algo de atención a su investigación y persecución. De los diez ejes delictivos que se identifican en el plan como prioritarios, el combate al homicidio simplemente no aparece.

La exclusión de la investigación de los homicidios por autoridades federarles no es nueva. El homicidio, desde hace mucho tiempo, se ha considerado como un delito del fuero común; es decir, un delito que debe ser investigado por los ministerios públicos de cada entidad federativa. Esto es un error.

El criterio que acepta que los homicidios en el país son un asunto local es obsoleto. La dinámica de violencia en el país nos confirma que el homicidio, a gran escala, es usado por el crimen organizado como herramienta para controlar mercados ilegales. Urge reconocer que los homicidios están conectados a delitos federales de tráfico de droga, de armas y de personas, entre otros. Los patrones de comisión de homicidios en México trascienden fronteras de estados y son llevados a cabo por organizaciones criminales que tienen presencia nacional. No tiene nada de local una organización que produce, transporta y comercializa droga en distintos puntos del territorio, comete homicidios y lava dinero.

Para argumentar a favor de la persecución del homicidio como una prioridad nacional sirve usar las frases del propio Plan de Persecución Penal de la Fiscalía, cuando explica la propuesta “Unidades de Casos Transversales [delitos complejos sin detenido]”. Según esta, algunos delitos demandan investigación basada en “contexto, contemplando los factores y actores involucrados para identificar situaciones y personajes reiterativos que den cuenta de la estructura y modus operandi de las organizaciones criminales que cometen estos y otros ilícitos conexos”.

La Fiscalía se desmarca de los homicidios mencionados, en una nota al pie de la página 12, que los homicidios son del fuero común. ¿Que podría haber hecho la Fiscalía de querer optar por una ruta más virtuosa? Agregar (entre las seiscientas hojas de texto que intentó convertir en iniciativas legislativas) unas cuantas frases que permitiesen la competencia concurrente en materia de homicidios, tal y como ya sucede en materia de secuestros. Sería importante considerar una modificación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.  

El 3 de febrero varios niños perdieron la vida en un negocio de videojuegos en Uruapan. El 9 de febrero otros dos niños, de 11 y 13 años, fueron asesinados a balazos en Cocula. El móvil de esta violencia no parece tener nada de azaroso ni nada de local.

Si las autoridades federales quieren en verdad pacificar al país, es hora de que pongan sus acciones en línea con sus discursos. Que aborden el reto de perseguir y prevenir el homicidio, tratándolo como el fenómeno nacional que es.