Han iniciado los trabajos preliminares para la instalación del nuevo Poder Judicial de la Federación, empezando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En tres reuniones, las y los ministros electos han ido tomando acuerdos sobre preocupaciones comunes, algunas muy prácticas; otras, para la definición del rumbo a más largo plazo.
A la fecha, las y los nuevos ministros han ido avanzando en la formulación de acuerdos generales con relación a la tramitación de la carga de trabajo que recibirá la Corte el 1o. de septiembre; la distribución de los asuntos; la integración de los equipos entrantes; el rediseño de la Secretaría General de Acuerdos por la desaparición de las Salas.
Así como las nuevas reglas de debate para sesiones ágiles, eficientes y sustantivas; la atención de los asuntos fiscales y penales en el término que establece la Constitución; la procedencia y trámite de los recursos de revisión en amparo directo; la aprobación de declaratorias generales de inconstitucionalidad; el ejercicio de la facultad de atracción y de reasunción de competencia, y la realización de audiencias públicas.
Junto con la construcción de la justicia social, la Corte tiene el reto del acceso a la justicia: impulsar que todas, todos, puedan demandar y defenderse en juicio, y el del combate a la corrupción en todas sus formas, tanto aquella que sustrae recursos públicos para enriquecimiento de algunos a través de contratos fraudulentos o remuneraciones por encima del límite constitucional, como la corrupción que vende o intercambia derechos de personas específicas en juicios determinados para favorecer a una de las partes, torciendo la aplicación de la ley.
Estas acciones son reclamadas, esperadas, por quienes han confiado en un método de determinación de las personas juzgadoras, y también por quienes han adolecido de justicia desde siempre, las y los excluidos del desarrollo social.
Incluso hay quienes realizarán propuestas para acelerar la transformación del sistema de justicia: la formulación y aplicación de una política de justicia en todo el país, para evitar lo que actualmente sucede cuando cada institución tiene prioridades, fines, muy distintos a los de otras instituciones que complementan las funciones en materia de justicia, sobre todo en las que tienen relación con la seguridad pública y la justicia penal, aunque no nada más.Independencia, autonomía, no puede seguir siendo nulidad del Estado. Hay condiciones para coordinar esfuerzos.
