La Cámara de Diputados aprobó la reforma número 13 de las 18 propuestas del llamado Plan C, un proyecto de transformación impulsado desde el Ejecutivo Federal. Además, se concretaron tres iniciativas que la presidenta Claudia Sheinbaum planteó a partir de octubre: Igualdad sustantiva, fortalecimiento de la seguridad pública y sustentabilidad, así como transición energética.
Este proceso de reforma constitucional representa una reconfiguración del marco institucional mexicano, orientado hacia la construcción de un Estado más inclusivo y protector de los derechos sociales, económicos y culturales de la población.
La elección popular de jueces y magistrados enmarca una ruptura histórica. En paralelo, el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas refuerza un compromiso pendiente con la pluralidad cultural, aunque subraya la necesidad de una armonización efectiva con el orden jurídico vigente para evitar tensiones con derechos individuales.
Las reformas orientadas a fortalecer el bienestar social buscan institucionalizar los programas creados e impulsados por la pasada administración federal. El mando militar sobre la Guardia Nacional plantea un cambio estructural en la concepción de la seguridad pública.
La política de alza salarial por encima de la inflación se enmarca en la tradición de lucha por la justicia laboral, promoviendo la dignificación del trabajo como pilar del bienestar. Este esfuerzo se complementa con la inclusión de derechos para trabajadoras del hogar. Por otra parte, las reformas en materia de energía buscan recuperar la soberanía sobre los recursos estratégicos.
Por otra parte, la creación de un Sistema Nacional de Cuidados y el fortalecimiento de la perspectiva de género en la educación, atiende de manera integral las desigualdades estructurales que afectan hoy en día especialmente a las mujeres, integrando políticas que atienden sus necesidades y contribuyen a construir una sociedad más equitativa. Asimismo, la regulación del uso de la inteligencia artificial introduce un enfoque de vanguardia en el marco jurídico.
Estas reformas también resultan valiosas y trascendentales por sus implicaciones sociales, como la prohibición de dispositivos de vapeo y sustancias como el fentanilo. Del mismo modo, la extensión de la prisión preventiva oficiosa a delitos específicos asociados al crimen organizado responde a un enfoque preciso y focalizado, para el endurecimiento de las políticas de seguridad sobre los crímenes que más daño causan a la sociedad.
En conjunto, las reformas del Plan C reflejan una agenda real de transformación que se alinean con los principios de inclusión social, redistribución económica y protección del bien común. Sin embargo, el verdadero impacto de estas medidas dependerá de su implementación efectiva y del equilibrio entre los derechos garantizados, así como las obligaciones financieras y administrativas que derivan de estas disposiciones.
A la luz del plan de 100 días de la presidenta y su compromiso con un gobierno del pueblo y para el pueblo, estas reformas se erigen como la base de una visión transformadora del Estado mexicano.
Todas estas acciones demuestran la voluntad de consolidar cambios estructurales profundos, reafirmando el compromiso de colocar a las personas en el centro del desarrollo nacional y garantizar que los beneficios del progreso sean compartidos por las y los mexicanos. Es en todo éste ánimo de transformación, donde podemos palpar el Humanismo Mexicano.