Una jueza federal anuló la decisión de la administración del presidente Donald Trump de suspender la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una de las medidas con las que la Casa Blanca buscaba endurecer todavía más la inmigración legal hacia Estados Unidos.
La jueza de distrito Jeannette A. Vargas, de Nueva York, determinó que la política impulsada por el Departamento de Estado era “claramente ilegal” y excedía la autoridad que la legislación migratoria concede al secretario de Estado, Marco Rubio.
Paralizó de manera indefinida la emisión
La medida había entrado en vigor el 21 de enero y paralizó de manera indefinida la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 naciones de América Latina, el Caribe, África, Asia, Medio Oriente y Europa.
Entre los países alcanzados figuraban Brasil, Colombia y Uruguay, además de Afganistán, Egipto, Haití, Irán, Irak, Nigeria, Pakistán, Rusia y Somalia, entre otros.
El gobierno de Trump había argumentado que los ciudadanos procedentes de esas naciones presentaban un riesgo elevado de convertirse en una “carga pública” y depender de programas de asistencia financiados por los contribuyentes estadounidenses.
El Departamento de Estado anunció la suspensión el 14 de enero y sostuvo entonces que mantendría congelada la emisión hasta completar una revisión de sus políticas destinadas a garantizar que los nuevos inmigrantes pudieran demostrar autosuficiencia económica.
La decisión afectaba exclusivamente a las visas de inmigrante, destinadas a quienes buscan establecer residencia permanente en Estados Unidos, y no incluía visas temporales como las de turismo, negocios o estudios.
El alcance de la disposición era considerable: los 75 países representaban cerca del 40 % de las naciones del mundo y, según estimaciones citadas cuando se anunció la medida, sus ciudadanos habían recibido entre el 40 y el 45 % de todas las visas de inmigrante emitidas por Estados Unidos en los últimos años.
La demanda contra la administración fue presentada por organizaciones defensoras de inmigrantes, entre ellas Catholic Legal Immigration Network y African Communities Together, junto con solicitantes afectados y ciudadanos estadounidenses que buscaban patrocinar la llegada de familiares.
