En Quezon City, la ciudad más poblada de las Filipinas, hay una prisión de pequeñas dimensiones. En un espacio que en principio estaba pensado para 800 personas -250 según los estándares de las Naciones Unidas- actualmente están encerradas casi tres mil.
La mayoría de ellos están a la espera de juicio por delitos relacionados con el consumo y la distribución de sustancias estupefacientes, el enemigo número uno de las Filipinas para el presidente Rodrigo Duterte. Desde que, en verano de 2016, asumió la Presidencia del país del Sudeste Asiático, el número de prisioneros ha aumentado vertiginosamente.
La guerra contra las drogas emprendida por The Punisher, el apodo con el que llaman a Duterte refiriéndose al personaje de los cómics, no implica solo a los pequeños traficantes y a los señores de la droga sino también a los consumidores de metanfetamina, conocida como shaboo, una poderosa droga que, debido a que es asequible económicamente, es muy común en el país.
Los datos difundidos por el gobierno poco más de un año después de que empezase la cruzada contra las drogas de Duterte son impresionantes: tres mil 200 muertos –siete mil, según las organizaciones de derechos humanos- entre traficantes y adictos durante las operaciones policiales y más de 86 mil 500 personas detenidas.
Los crímenes por delitos de droga, evidentemente, se han reducido, pero al mismo tiempo han aumentado los homicidios, resultado de las operaciones policiales “oficiales” y de las intervenciones de los llamados “vigilantes”, sicarios a quienes las propias fuerzas del orden encargan ejecutar sumariamente a traficantes y drogadictos siguiendo listas basadas en informantes.
En Kamuning Road se encuentra una de las prisiones más hacinadas del archipiélago. En la calle, estrecha y llena de baches, también hay una escuela, una biblioteca y un montón de puestos donde los familiares de los presos compran un poco de existencias para dárselas a sus parientes dentro de la cárcel de Quezon City.
Desde la mañana hasta la noche hay un flujo constante de personas, especialmente madres, esposas y hermanas. No hay ninguna sala para visitas; los encuentros se llevan a cabo en el patio en presencia de todos los detenidos. En los bancos colocados en la entrada suele haber tímidas protestas contra Duterte.
“En este momento -explica Joseph Bistinera, inspector jefe del servicio de prisiones- tenemos dos mil 922 detenidos cuando, en realidad, de acuerdo con los estándares internacionales, no podríamos dar cabida a más de 261”.
Dice que “la prisión de Quezon City, que data de 1953, fue creada para albergar a 800 personas. Pero eran otros tiempos. Hace seis meses, en el auge de la campaña de Duterte, incluso tuvimos un máximo de cuatro mil detenidos. No se podía andar, era peor que ahora. Tenemos un agente para cada 50 presos para tenerlos vigilados, un número más que suficiente”.
Y añade: “El 70 por ciento de los presos están aquí por delitos relacionados con las drogas. Alrededor del 95 por ciento están a la espera de juicio. Cada día llevamos a un tribunal a docenas en autobuses”.
“Antes de saber los cargos a los que se enfrentan pasan por lo menos 10 días, y entonces continúa el proceso, que puede durar entre unos meses y varios años. Una vez son declarados culpables, son trasladados a prisiones con regímenes más estrictos, lejos de aquí”, declara.
El despertador suena a las cinco de la mañana y “el recuento de las cabezas”, como lo llaman los guardias, puede llevar incluso horas. Localizar a todos los prisioneros en todos los rincones del edificio no es tarea fácil.
Todos los espacios disponibles están pintados de un amarillo encendido, el color de las camisetas de los presos. Aquí los detenidos pasan días enteros sentados, en cuclillas o de pie, con un calor constante y sofocante. Cuando llueve lo aprovechan para ducharse o lavar la ropa, que luego cuelgan con cuerdas a una altura elevada para no ocupar más espacio.
