La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), actualizó la lista enunciativa con cargos públicos que serán considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP, por sus siglas en inglés) nacionales para que los bancos pongan la lupa y eviten el lavado de dinero.
Además de las instituciones de crédito, todas las entidades del sector financiero pueden consultar dicho listado para elaborar sus reportes de operaciones sospechosas.
Por primera vez se incluye como “obligados a seguir esta guía” a las instituciones de tecnología financiera y sociedades autorizadas para operar con modelos novedosos que regula la nueva Ley Fintech, y a funcionarios de la FGR como PEP.
El documento contiene información sobre el objetivo de contar con la lista, las fuentes públicas consultadas para su elaboración, definiciones y criterios, así como los factores para determinar si un cliente, usuario o propietario real puede ser considerado como PEP.
Asimismo, los aspectos a nivel estatal y municipal que deberán considerar las entidades financieras y sujetos obligados. Son 19 secretarías más los subsecretarios, la Consejería Jurídica los órganos reguladores coordinados en materia energética y la FGR.
Están los que integran el Poder Judicial y el Legislativo, es decir diputados y senadores, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y principales funcionarios de los organismos no sectorizados, sectorizados-descentralizados y autónomos.
