En un mundo que continúa enfrentando desafíos sociales y económicos, la reciente presentación del Estudio Global de Homicidio 2023 por parte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) no solo ofrece una visión detallada de la criminalidad global, sino que también destaca la urgencia de abordar el persistente problema de los homicidios dolosos en nuestro país.
El enfoque en la tendencia nacional del homicidio en México es inevitable. El estudio revela que aproximadamente el 77 % de todas las víctimas de homicidio en la subregión, centrada en Centroamérica (donde incluyen a México), provienen de este país. Esta estadística es más que un simple número; es una llamada de atención para las autoridades nacionales que mantienen una postura de franca negación ante una realidad que los avasalla. Sobra decir que se deben implementar estrategias efectivas para abordar las causas subyacentes de la violencia y promover la seguridad ciudadana.
Los 10 países identificados con el mayor número absoluto de víctimas de homicidio ofrecen un panorama global, con naciones de distintos continentes enfrentando desafíos similares. Brasil, Nigeria, India, México (un cuarto lugar), Sudáfrica, Estados Unidos, Myanmar, Colombia, Federación Rusa y Pakistán componen esta desafortunada lista donde, por cierto, los países europeos apenas manchan las estadísticas, aunque duela reconocerlo.
Estos números son más que un baldazo de agua fría de realidad; son historias humanas truncadas y comunidades afectadas por la pérdida y la inseguridad. La cooperación internacional, la compartición de mejores prácticas y la implementación de políticas efectivas son elementos esenciales para revertir esta tendencia preocupante y, sin lugar a dudas, la tecnología debe jugar un papel preponderante, sobre todo en esta cultural actual de gobierno donde ni la ciberseguridad preocupa.
En este contexto, es imperativo que México y su gobierno trabaje para eliminar la violencia. Cabe mencionar que pese al férreo negacionismo, este 2024 que varias ciudades, si no es que estados se perderán en las elecciones por el aumento del crimen y los homicidios como en Guanajuato, donde el Gobierno Federal se ha limitado a increpar a un gobierno contrario al del partido oficial.
La incidencia de la violencia inevitablemente ejercerá una influencia palpable en el proceso electoral del próximo año, dando lugar a una correlación notable entre el aumento de la violencia y la disminución de la participación ciudadana a quien debemos apoyar y defender. Este fenómeno no solo comprometerá la representatividad de los resultados, sino que también reflejará la urgente necesidad de abordar las condiciones subyacentes que alimentan la violencia y la inseguridad. No parece descabellado comenzar a hacer un escrutinio para revisar cuanto antes los vínculos criminales que pudieran tener aquellos que gobernarán el sexenio anunciado.
