Se está a menos de 10 meses del proceso electoral más grande de la historia democrática del país. Ante este hecho, que definirá el destino de los mexicanos en los próximos años, con preocupación se nota que la violencia lejos de disminuir ha escalado.
Ante la falta de una estrategia que brinde resultados, las bandas se hacen presentes trastocando la vida pública, social y política traspasando incluso al ámbito internacional. Como el reciente asesinato del candidato presidencial del Ecuador, Fernando Villavicencio, como incluso lo denunció la viuda del político sudamericano.
Reflexionando sobre estos últimos cuatro años de turbulencia política en esta joven democracia, es innegable que la información proporcionada por la consultora Etellekt arroja una imagen cruda y desalentadora sobre la violencia política que ha impactado a la sociedad.
Los números por sí solos cuentan una historia desoladora. En las elecciones de 2018, que marcaron el inicio de un gobierno federal de orientación populista, los registros de la consultora Etellekt documentaron 774 actos criminales dirigidos a políticos y candidatos, resultando en la trágica pérdida de 152 vidas, de las cuales 48 eran aspirantes y candidatos a diversos cargos de elección (Etellekt, 2018).
Estos sombríos eventos se repitieron y amplificaron tres años después, en los comicios de 2021, con un aumento del 38 % en ataques a políticos, sumando un total de mil 66 agresiones. El costo humano de esta violencia se tradujo en 102 víctimas de homicidio doloso, de las cuales 36 eran aspirantes y candidatos (Etellekt, 2021).
La incidencia de esta violencia ha aumentado a medida que los calendarios electorales se han ido sincronizando a nivel federal, estatal y municipal. En 2024, salvo excepciones, la renovación de ayuntamientos en la mayoría de las entidades del país coincidirá con la elección presidencial.
La violencia política no solo amenaza la integridad de los procesos electorales, sino también la esencia misma de la democracia emergente. Urge tomar medidas contundentes para preservar la seguridad de quienes buscan servir a la comunidad a través de la política, y para garantizar que la voz del pueblo no sea silenciada por el miedo.
La memoria de estos años turbulentos debe convertirse en un llamado a la acción, a la unidad y a la construcción de un futuro donde la violencia no tenga cabida en la política ni en la vida de nuestra nación.
Frente al panorama desafiante que se ha enfrentado en los últimos años en relación con la violencia política, es fundamental que se cuente con una respuesta de Estado. En tal virtud, este gobierno está obligado a comprometerse a una verdadera imparcialidad que incluya temas adicionales al de la equidad electoral.
El camino hacia las elecciones de 2024 requiere un enfoque multidimensional que aborde la violencia política desde distintos ángulos. Solo a través de una combinación de medidas de seguridad, transparencia, diálogo y empoderamiento ciudadano, se podrá construir un proceso electoral en el que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera segura y libre y, en el que los valores democráticos prevalezcan sobre la intimidación y la violencia.