El juez Uriel Villegas Ortiz, quien fue asesinado este martes con su esposa al interior de su domicilio en Colima, tuvo medidas de protección durante dos años.
Fuentes federales confirmaron que entre febrero y marzo de 2019, un año después de que ordenó trasladar a Rubén Oseguera González, “El Menchito”, renunció a estas medidas por considerar que ya no las requería.
Villegas Ortiz contaba con las medidas asignadas por el Poder Judicial de la Federación (PJF) desde 2017, año en el que fue designado como juez de Distrito, pero en 2019 presentó por escrito una renuncia a las mismas.
De acuerdo con los lineamientos del PJF, las medidas básicas que se asignan a un juzgador para protección constan de un auto blindado y un par de escoltas que los acompañan las 24 horas del día.
Desde el 1 de febrero de este año fue adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Colima, debido a que se especializó en sistema penal acusatorio y en ese lugar fue donde se abrió la vacante para juez de Distrito.
Crimen de Estado: ministro Zaldívar
Al respecto, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, calificó como crimen de Estado el homicidio del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa Verónica Barajas, ocurrido este martes en Colima.
Durante su participación en una conferencia de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), el ministro Zaldívar afirmó que todas las instituciones se coordinarán durante las investigaciones para dar con los responsables del crimen.
“Que no quepa duda que este es un crimen de Estado, y que cuando hay un crimen de Estado todas las instituciones del Estado mexicano estaremos del mismo lado no caben diferencias, políticas ni distracciones, estaremos muy atentos de como se desenvuelven las investigaciones”, dijo.
“Este es un hecho que lastima de manera profunda al Poder Judicial de la Federación pero que hiere también al Estado mexicano como tal”, agregó.
Reiteró la exigencia para que se aclare el asesinato y reconoció el apoyo que recibió por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su gabinete de seguridad para investigar y revisar los protocolos de seguridad de los juzgadores.
“Expreso mi reconocimiento al fiscal general de la República, Alejandro Gertz, que desde un principio se tomó muy enserio este tema, él acudió con su equipo para hacerse cargo de esta responsabilidad, él conoce la gravedad de un caso como estos y me ha ofrecido todo el apoyo, toda la seriedad para que se sepa la verdad y se sancione a los responsables”, refirió.