Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó 132 mil 534 casos de personas desaparecidas en México. Desde 2006 a la fecha, solo el 33 %, es decir, 43 mil 128 registros tienen datos suficientes para la búsqueda.
Durante la conferencia matutina de este viernes, la funcionaria detalló que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y la Base Nacional de Carpetas de Investigación, 46 mil 724 tienen datos insuficientes para emprender su búsqueda, mientras que 40 mil 308 personas reportan actividades y registros después de su fecha de desaparición.
“El 36 % del total que no tienen datos completos, por ejemplo, no cuentan con nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, lo que imposibilita la búsqueda aún así y se mantienen en el registro”, explicó.
Puntualizó que antes de la reforma en materia de personas desaparecidas en 2025, no se solicitaban datos mínimos cuando se subía un reporte de persona desaparecida en el Registro Nacional. La funcionaria mostró casos que no tienen dirección, teléfono de contacto ni lugar de desaparición, entre otros datos fundamentales para la búsqueda.
Mientras que 40 mil 308 registros que sí cuentan con datos suficientes para la búsqueda, sin embargo, después de una revisión en diversos registros administrativos, se han podido corroborar actividades posteriores a la fecha de su desaparición. Entre ellos, matrimonios, altas en el SAT y cambios de domicilio en el INE.
Segob busca “atención más prioritaria” con los desaparecidos
Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) destacó la actualización e informe de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.
En la conferencia mañanera de la presidenta, indicó que la desaparición de personas requiere la atención más prioritaria, además que hay compromiso para garantizar la verdad y hacer justicia, también ante casos como los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En el Salón Tesorería, el subsecretario de la Segob señaló dos momentos en cuanto a la desaparición de personas: la Guerra Sucia y “la irresponsable guerra contra el narco” en el gobierno del expresidente Felipe Calderón.
Señaló que en la plataforma cualquier persona podía alimentar información desde cualquier lugar del país o del extranjero, sin metodología ni lineamientos claros, y sin garantizar la calidad o veracidad de la información.
Medina Padilla aseguró que el gobierno sí busca con vida a personas reportadas como desaparecidas desde hace años, conocidos como casos de larga data, en colaboración con sus familiares.
“Hay acciones de búsqueda en campo, pero es muy importante decir que es una demanda histórica buscar en vida y también una convicción del Gobierno de México y en la atención a la instrucción de la presidenta es que buscamos en vida, pero también hacemos otras búsquedas en campo que tiene que ver con búsqueda forense para identificar algún elemento que nos permita dar con ellos”, afirmó.
Durante la conferencia, señaló que la mayoría de estos casos sucedieron en el periodo de la “Guerra Sucia y represión del Estado”, por lo que hay colectivos de familiares que los siguen buscando.
Amnistía, Centro Prodh y ONG lamentan crisis
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) advirtió que acotar a 43 mil 128 el número de personas desaparecidas minimiza la dimensión de la crisis en México —donde además hay más de 46 mil registros con “datos insuficientes” sin acciones de búsqueda y apenas 3,869 carpetas de investigación—, mientras que Amnistía Internacional exigió al Gobierno Federal transparentar las metodologías del Registro Nacional e incluir de manera efectiva a familias y expertos en la estrategia de búsqueda.
Por su parte, Amnistía Internacional reconoció que existen avances en las labores de búsqueda, pero insistió en que estos son insuficientes frente a una crisis que rebasa las 132 mil personas desaparecidas en el país. En ese sentido, urgió a que la revisión del Registro Nacional se realice con metodologías científicas, análisis de datos y plena apertura.
Ambas organizaciones coincidieron en que, sin transparencia, participación efectiva y una política integral de prevención y erradicación, las acciones institucionales seguirán siendo insuficientes frente a una crisis de gran escala.
Al menos 10 organizaciones que acompañan a familias buscadoras rechazaron el informe sobre personas desaparecidas presentado en la conferencia matutina de la presidenta.
