La Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado aprobó un dictamen para brindar mayor protección a niñas, niños y adolescentes contra el tráfico ilegal de personas, así como para incluir la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo a los funcionarios públicos que incurran en este ilícito.
Lo anterior, ante el incremento de casos de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de funcionarios federales, estatales y municipales involucrados en las redes de tráfico de personas.
En el proyecto, que modifica la Ley de Migración, se argumenta que el delito de tráfico ilegal de personas no se encuentra regulado como una sanción administrativa.
Además, destacaron que el fenómeno masivo de personas migrantes que transitan por nuestro país ha provocado que niñas, niños, adolescentes y mujeres se encuentren en un estado de desprotección, por lo que “el sistema penal requiere enriquecerse basado en el principio del interés superior de la niñez”.
La senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes (de Morena) dijo que al incorporar una agravante específica para los funcionarios públicos implicados en esta práctica, se manda un mensaje claro de que en México no se tolera la explotación y el abuso de quienes buscan una vida mejor.