El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa con la finalidad de sancionar con penas de 80 a 140 años de cárcel a quienes, desde el servicio público se coludan, colaboren o faciliten acciones del crimen organizado.
Dicha propuesta forma parte de las prioridades legislativas anunciadas por Acción Nacional durante su reunión plenaria en La Paz, Baja California Sur, y del compromiso presentado por el dirigente Jorge Romero Herrera, para combatir la infiltración de la delincuencia organizada en las instituciones y poner fin a la impunidad de los llamados “narcopolíticos”.
Castigos
Esta iniciativa plantea reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para establecer penas de 80 a 140 años de prisión, multas de hasta 24 mil días y el carácter imprescriptible de las sanciones previstas para las conductas.
El coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, Elías Lixa Abimerhi, afirmó que su iniciativa representa una definición clara frente a la relación entre el poder público y el crimen organizado, y sostuvo que México debe poner punto final a lo que calificó como la “era de los narcopolíticos”.
“Punto final a la era de los Rocha Moya, punto final a la complacencia criminal, punto final a la narcopolítica”, comentó.
Además, sostuvo que combatir la corrupción y al crimen organizado implica garantizar que quienes utilicen las instituciones públicas para favorecer a grupos criminales enfrenten sanciones efectivas y ejemplares.
“El Estado mexicano no puede seguir secuestrado por los intereses de los criminales”, afirmó.
Amenaza de instituciones democráticas
El diputado José Manuel Hinojosa Pérez, proponente de dicha propuesta, señaló ante el pleno que México enfrenta una grave crisis de seguridad y advirtió que la infiltración de la delincuencia en la vida pública representa también una amenaza para las instituciones democráticas y los procesos electorales.
Las mismas sanciones se contemplan para titulares del Ejecutivo federal o estatales, secretarías de Estado, fiscalías y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que participen, colaboren o faciliten estas conductas, así como para quienes incumplan deliberadamente sus atribuciones legales con la intención de permitirlas.
También, su iniciativa propone incorporar dichas conductas al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para que sean investigadas, procesadas y sancionadas bajo dicho ordenamiento.
