La bancada de Morena en la Cámara de Diputados busca despenalizar la muerte asistida para personas de mayores de 18 años en México.
Se trata de una iniciativa de la diputada federal, Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez (Morena), para establecer que podrá practicarse la muerte asistida sin que ello constituya delito o dé lugar a acción civil por daños y perjuicios, bajo el amparo de la ley, las normas y lineamientos que emita la Secretaría de Salud para su realización.
El documento, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, precisa que solo podrá aplicarse la muerte asistida a personas mayores de 18 años cuando lo soliciten por escrito, la cual deberá informarse al Comité de Bioética a efecto de determinar la aptitud de la persona y la procedencia de la solicitud.
Para ello, la Secretaría de Salud emitirá la normatividad y lineamientos que establezcan los requisitos, procedimientos y formatos que deberán observarse y requisitarse, así como los tiempos de reflexión para la aprobación y ejecución del procedimiento de muerte asistida.
Qué incluye la iniciativa
La iniciativa define a la muerte asistida como la terminación intencional de la vida, practicada por personal médico autorizado, a solicitud expresa de la persona, a través de los procedimientos de eutanasia o suicidio asistido; a la eutanasia, como el acto o serie de actos intencionales realizados por personal médico autorizado, encaminados a terminar la vida de la persona que lo solicite de manera expresa, previa aprobación de la autoridad competente.
La adición de un párrafo segundo al artículo 312 del Código Penal Federal busca que los procedimientos de muerte asistida realizados por personal médico autorizado, de conformidad con lo que establece la Ley General de Salud y la normatividad aplicable, no constituyan delito.
Encuesta
La iniciativa, turnada a las comisiones de Salud y de Justicia, subraya que en México se prohíbe expresamente la eutanasia, el suicidio asistido y el homicidio por piedad; sin embargo, los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad 2022, revelan que el 68.6 por ciento de los encuestados consideran que las personas en fase terminal de su enfermedad y con un sufrimiento que no se puede evitar, deberían tener la opción de adelantar su muerte. De ellos, el 57.7 por ciento estuvo de acuerdo en que el médico proporcione las sustancias letales y el paciente las tome por sí mismo. Además, el 72.7 por ciento considera que deben cambiar las leyes para permitir que los enfermos puedan recibir ayuda para terminar con su vida si así lo deciden.
