La Fiscalía General de la República (FGR) va por la extradición a México del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado junto con su esposa, la actriz y conductora, Inés Gómez Mont, de operar una red de empresas fantasma que desvió más de 3 mil millones de pesos durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
Este martes, la FGR informó que a través de su Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) iniciar el trámite ante las autoridades estadounidenses para obtener la detención provisional con fines de extradición de Álvarez Puga, quien se encuentra recluido en las instalaciones migratorias de Miami, Florida.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el 17 de octubre un juez migratorio estadounidense determinó la deportación del empresario y abogado.
Sin embargo, sus abogados en Estados Unidos impugnaron la orden de deportación emitida por el juez migratorio, misma que se resolverá el 12 de noviembre próximo.
La FGR recordó que el empresario y abogado cuenta con orden de aprehensión vigente por su presunta responsabilidad en los delitos delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, también tiene una orden de aprehensión vigente, por defraudación fiscal, en la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR.
Indicó que, en su momento, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) solicitó a Interpol se emitiera la ficha roja de localización y la detención internacional correspondiente, la cual fue concedida, publicada y se encuentra vigente.
La pareja es señalada por delitos de crimen organizado, corrupción, uso de facturas falsas y defraudación fiscal de hasta 3 mil millones de pesos.
En septiembre de 2021 se giró una orden de aprehensión contra la pareja por distintos delitos financieros. De acuerdo con fuentes federales, usaban un esquema fraudulento de lavado de dinero, por lo que ambos ameritaban prisión preventiva oficiosa.
El esquema delictivo tuvo origen en un acto de corrupción en la Secretaría de Gobernación (Segob) durante 2016 y 2017 bajo la titularidad de Miguel Ángel Osorio Chong, con la contratación de equipo tecnológico para los Centros Federales de Readaptación social en todo el país.
La facturera recibió recursos públicos en distintos pagos de 500 millones de pesos que se dispersaban a otras cuatro empresas factureras y esas, a su vez, a otras tres. Se encontró que se expidieron cientos de facturas falsas y se realizaron más de mil operaciones de blanqueamiento de dinero.
