A las orillas del golfo de Santa Clara el viento sopla furioso. Los susurros se sincronizan con la voz de Martín Lucio Monroy, de 62 años, líder del Comité de Pescadores Tradicionales. Mientras camina descalzo se encuentra una jaiba muerta. La levanta de una tenaza. “¡Así nos quiere dejar el Gobierno Federal a costa de la vaquita marina!”, acusa.
Desde la veda temporal de dos años, decretada en abril de 2015 por el presidente Peña Nieto, los habitantes y sus negocios están en “jaque” porque dependen de la pesca de totoaba y vaquita marina para vivir. Algunos de ellos empezaron a ser atraídos por el narco o el crimen organizado, pues “la veda aumentó la ilegalidad”, refirió.
Aunque el Gobierno Federal destinó mil 80 millones de pesos como parte del Programa de Compensación para la Conservación de la Vaquita Marina durante dos años (especie afectada por las redes agalleras con las que se captura la totoaba, un pez cuya vejiga cuesta más que un kilogramo de cocaína), la tasa del cetáceo mexicano disminuyó en 54% en tan solo unos meses, mientras que la economía de los pescadores está en jaque, por lo que prevén un estallido social.
En enero de 2015 había 97 vaquitas marinas, pero a finales del mismo año el Comité Internacional de Protección a la Vaquita Marina (Cirva) alertó 57. Su titular, Lorenzo Rojas Bracho, dijo que “la veda está en papel, no en la práctica: la pesca ilegal sigue”.
A 19 meses, las federaciones y pescadores independientes están inconformes: “Nos están matando poquito a poquito (…) Al final se hizo perdedizo el dinero [del programa]”, refirió Monroy, pescador tradicional de Santa Clara.
Miguel Rivas, campañista de Océanos de Greenpeace México, señaló que esa queja sobre los recursos aparece frecuentemente en estudios socioeconómicos hechos en los poblados. Pablo Valdez, ministro de Ciencia y Tecnología de la embajada de Estados Unidos, sentenció: “En el programa de compensación no queda muy claro cuál es el plan de México”.
Catalina López-Sagastegui, de la Universidad de California, explica que se deben generar interacciones entre “la ciencia multidisciplinaria: lo social, lo económico, lo biológico y lo pesquero deben estar de la mano alimentando el proceso de la política pública; tiene que estar coordinada para un bienestar”.
Irregularidades
En abril del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo para la suspensión temporal de dos años del uso de redes de enmalle, cimbras o palangres en la pesca comercial con embarcaciones menores, en la zona de Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California y delta del río Colorado.
Por lo anterior, se creó un programa para 2 mil 699 pescadores y permisionarios. En él se invertirían 540 millones de pesos anuales. La Sedesol estableció un padrón que se implementó por “la disminución en el ingreso de las personas que laboran en el sector pesquero”, pues vulneraría su capital económico familiar.
Hilda Somoza y Baltazar Ramírez coinciden en que hubo manipulación en el padrón de pescadores que recibirían la compensación, donde los permisionarios incluyeron a familiares y conocidos que no están relacionados con la pesquería. Agustín Sánchez Osuna, vocero de los pescadores inconformes de Santa Clara, denunció que el padrón no incluyó a los independientes.
