Las apuestas políticas en Perú se mecen entre dos opciones. De un lado de cualquier mesa imaginaria de juego, nadie se atreve a apostar cuándo caerá el gobierno del presidente peruano, Pedro Castillo, ni si el desplome está cerca o todavía falta recorrer un largo calvario político e institucional para que se produzca el colapso final.
Del otro lado del péndulo, nadie tampoco se arriesga a garantizar que el mandatario logrará completar su gestión y en un convulso escenario de acelerada tirantez política, llegar como jefe de Estado al 28 de julio de 2026 para entregar el poder a su sucesor.
Castillo asumió el 28 de julio de 2021 y, contra todos los pronósticos dentro y fuera de Perú y de su entorno de confianza, el jueves de la semana pasada cumplió el primero de sus cinco años de gestión.
El presidente está acusado de los supuestos delitos de encubrimiento, plagio de su tesis, ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, organización criminal, lavado de dinero, tráfico de influencias y colusión agravada.
Castillo ganó en noviembre de 2021 y en marzo de 2022, dos procesos de vacancia o sustitución en el Congreso por “incapacidad moral”.
Con ese entarimado judicial, con un reducido respaldo legislativo y ante un masivo ataque mediático, las interrogantes son gigantescas sobre el futuro del gobernante.
