Estados Unidos y Canadá determinarán los tiempos en que, vía consultas, mantendrán el diálogo para resolver el conflicto sobre la política energética mexicana o iniciarán un panel, explicaron expertos en comercio exterior.
Hoy se cumplen 75 días de que ambos socios de México solicitaron el inicio de consultas por considerar que el marco jurídico mexicano en materia de energía es discriminatorio contra sus empresas.
El plazo, contado a partir del 20 de julio, es el tiempo que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) establece como mínimo para llegar a un acuerdo, aunque si las partes lo deciden, puede extenderse.
Para el gobierno mexicano, una opción es que se extiendan las consultas y, por la vía del diálogo, se llegue a un arreglo.
Por una parte, el socio fundador de RRH Consultores y ex presidente del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ricardo Ramírez, señala que “el procedimiento solo se va a alargar si así lo deciden ellos”.
Si se opta por el panel, se espera que el caso se resuelva en alrededor de un año, desde que se solicitaron consultas, como se vio en casos anteriores, sobre paneles solares y lácteos.
Al respecto, el abogado del área de práctica de comercio exterior y aduanas del Despacho Sánchez Devanny, Alberto Campos Vargas, dijo que “en el supuesto de que no se pongan de acuerdo, sí se podría iniciar un panel, procedimiento en la cual las partes van a hacer valer ciertos argumentos y disposiciones del T-MEC”.
Campos Vargas explicó que el Estado mexicano argumenta que el T-MEC le faculta a modificar sus leyes, pero eso aplica “siempre y cuando no sean contrarias a los compromisos del T-MEC”.
“Este panel es entre Estados”, agregó, y las partes afectadas van a poder imponer aranceles a las exportaciones mexicanas si el panel resuelve que viola los compromisos.
Comentó que incluso si se determina que las partes no están de acuerdo en continuar en el T-MEC, se puede suspender o revocar.
En distintas misivas, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá denunciaron trato preferencial para Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que va en detrimento de las empresas canadienses y estadounidenses, y es contrario a los compromisos del acuerdo.
