Dos años separan aún a Veracruz de la cita electoral para renovar la gubernatura, pero la efervescente pugna entre facciones de Morena y otros partidos ha impuesto un grave deterioro a la convivencia política. Ello parece ser el telón de fondo de la peor crisis de seguridad que haya vivido esa entidad en el pasado reciente.
La fuente del problema puede radicar en la manera en que es administrado el poder en el estado. Decir que el mismo es gobernado por el morenista Cuitláhuac García supondría un acto de condescendencia dada su novatez y su inclinación a otras pasiones, como la academia, la literatura de ciencia ficción y la música, lo mismo da si es clásica o de salsa.
Desde el inicio de su gestión, García Jiménez quedó subordinado a dos tutores muy cercanos al presidente López Obrador: la actual secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, que deben compartir escenario con Manuel Huerta, a cargo de los programas sociales federales en la entidad. Los cuatro, como pueden, mandan en Veracruz. Los tres últimos —por no mencionar a figuras foráneas— desean tener el cargo formal a partir de 2024.
La deriva política que este escenario impone parece alentar todo tipo de crisis, entre ellas, brutal, la de inseguridad.
Solo entre enero y abril de este año fueron reportadas como desaparecidas 160 mujeres y niñas, y se han contabilizado 31 feminicidios en el mismo periodo, que según señalamientos diversos, sólo han merecido la apertura de 10 carpetas de investigación por parte de las autoridades judiciales. La cifra global de desparecidos ya es de 5,736, pero colectivos ciudadanos estiman que podría llegar a 20 mil por casos no reportados.
Veracruz encabeza los listados de atentados contra políticos y las denuncias de presuntos vínculos entre estos y el crimen organizado. De los 156 periodistas asesinados en los últimos 20 años, 33 lo fueron en territorio veracruzano, el doble de cualquier otro estado que represente también un peligro para el ejercicio del periodismo.
Rocío Nahle desea gobernar Veracruz, pero nació en Zacatecas, por lo que podría estar impedida legalmente, y una reforma a la Constitución local que le pavimentaría el paso está congelada en el Congreso local por parte del líder de Morena, Javier Gómez Casarín.
En la acera de enfrente, el polo opositor tiene sus propios dilemas entre diversas figuras: el clan formado por Miguel Ángel Yunes Linares muestra ventaja por conducto de su hijo, Fernando Yunes Márquez. Pero hay otro heredero con ambiciones: Fidel Herrera Borunda.
El conjunto de todas esas pugnas hace impredecible la negra cuota de inestabilidad política —y de sangre— que Veracruz seguirá aportando.
