Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigieron al gobierno que acate la sentencia que emitió el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito para la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, porque “es claro que hasta ahora la indagatoria ha tenido un sesgo y la Procuraduría General de la República tiene un conflicto de interés”.
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., calificó de devastador el Informe de Balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa, que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque “es claro en que la investigación ha tenido un sesgo” ha carecido de independencia y autonomía.
Destacó que la sentencia del tribunal también muestra que “la PGR tiene un conflicto de intereses natural; no le quita la potestad para seguir investigando, pero le establece controles externos, como la presencia de víctimas y sus representantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
Además recomienda la participación de organismos internacionales y que regrese el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para colaborar en la investigación.
María Elena Guerrero Vázquez, madre de uno de los normalistas, afirmó que con la sentencia y el informe, la teoría del “basurero quedó sepultada, la verdad histórica quedó hecha pedazos. Nos abre camino a otras líneas de investigación”.
