El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, vetó la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el estado, al considerar que lo aprobado por el Congreso estatal “va en contra de los intereses de los sudcalifornianos”.
“El veto corresponde a una convicción, las decisiones de política pública deben responder a una necesidad social, nunca a un interés electoral”, expuso.
Comunicó que lo aprobado por el Congreso impide -sostuvo- seguir con la operación de programas sociales, entre ellos, expuso los relativos a la salud, educación y seguridad pública.
Consideró que sin estudios ni análisis que lo justificaran, el Congreso recortó en un 60 por ciento el capítulo 3000 del presupuesto, relativo a los servicios generales de las dependencias del Poder Ejecutivo.
“Dicha reducción irracional que se realizó sin el más mínimo esfuerzo de análisis, estudio o investigación, impacta a conceptos indispensables para la atención de la población mediante el funcionamiento adecuado de las dependencias de la administración estatal”, recalcó.
Subrayó que con la reducción al presupuesto se afecta el pago del servicio de energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico o internet, arrendamientos, capacitaciones, gastos de transporte de atletas de alto rendimiento y entrenadores.
