El veto del gobernador Alejandro Murat a la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca no va en contra de la reforma constitucional ni del decreto que creó el Consejo de Participación Ciudadana, afirman sus integrantes.
Sostuvieron que sus nombramientos siguen firmes, que es falso que hayan actuado fuera de la ley o que la reforma que extingue al anterior Comité de Participación Ciudadana sea un “secuestro”.
También negaron que haya un impacto presupuestal por el pago simultáneo, tanto a nuevos consejeros como a los integrantes del excomité, o que se les tenga que indemnizar.
Murat vetó el pasado 24 de noviembre la nueva Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca bajo dos argumentos: que se invaden competencias de otros poderes y que no hubo una previsión presupuestal en la legislación.
En respuesta, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Sandra Méndez Cruz, explica que el veto no es ningún obstáculo para ellos.
