Víctimas de abuso sexual recibirán becas vitalicias

Las becas vitalicias serán de reparación para 18 víctimas de abuso sexual en kínder Champagnat. Cortesía
Las becas vitalicias serán de reparación para 18 víctimas de abuso sexual en kínder Champagnat. Cortesía

La Secretaría de Educación Pública (SEP) alista el anteproyecto de un programa de becas completas y vitalicias, desde preescolar hasta educación superior, para las 18 víctimas directas de abuso sexual por parte de servidores públicos adscritos a la Autoridad Educativa Federal (AELCM), dentro del jardín de niños Marcelino de Champagnat, plantel administrado por la propia autoridad educativa federal.

De acuerdo con el documento disponible en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), este esquema responde a las diferentes órdenes judiciales emitidas en diversas sentencias federales que obligan al Estado a garantizar una reparación integral, incluida la continuidad educativa “como medidas de satisfacción y garantías de no repetición (...) con la finalidad de que puedan continuar con sus estudios y logren la plena realización de su proyecto de vida”.

Las resoluciones establecen que la beca debe ser específica y distinta a los programas de apoyo económico existentes, ya que su finalidad no es social sino de resarcimiento por violaciones a derechos humanos. El apoyo económico emanará de la gestión de recursos propios de la SEP, es decir no dependerá de esquemas universales o sujetos a reglas de operación generales de otros apoyos.

La estimación de la cantidad de entrega para cada apoyo se hará a partir del salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, lugar donde ocurrieron los hechos, con porcentajes que van de 80 % para preescolar, primaria y secundaria, a 100 % para bachillerato, y 200 % para educación superior.

Los montos anuales también deberán calcularse conforme a las Reglas de operación del Fideicomiso para el cumplimiento de las obligaciones en materia de Derechos Humanos.

Además, el documento ordena que una de las víctimas, que cursa educación especial reciba un incremento de 10 %, como ajuste razonable a sus necesidades.

Sobre la entrega del apoyo, el acuerdo fija como único requisito que las víctimas estén inscritas en una institución pública y cursando el ciclo escolar correspondiente.