Sobrevivientes y familiares de los 45 indígenas que fallecieron en 1997 en un ataque perpetrado por un grupo paramilitar en la comunidad de Acteal de Chenalhó, Chiapas, pidieron al Gobierno Federal que se juzgue al expresidente Ernesto Zedillo por las acciones y omisiones en las que incurrió en dicho suceso.
Durante un acto donde el Estado mexicano reconoció su responsabilidad en la matanza de Acteal, los afectados por ese acontecimiento explicaron que en su momento, Ernesto Zedillo dijo que el asesinato de los indígenas se debió a un conflicto de tierras y religiones, y no a un ataque de un grupo paramilitar supuestamente adiestrado por el Ejército.
“Exigimos que se investigue y se lleve a juicio a Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México, y toda su cadena de mando, señalándolos de autores intelectuales durante estos 22 años de lucha por la masacre de Acteal”, dijo Fernando Luna Pérez, integrante de la asociación Las Abejas, en la que se agrupan los afectados por el crimen.
Luna Pérez aseveró que juzgar al expresidente Ernesto Zedillo serviría para garantizar la no repetición de estos hechos, al mismo tiempo que aceptó la disculpa pública que ofrecieron las autoridades a los sobrevivientes de Acteal y los familiares de víctimas.
En un evento celebrado en la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, admitió la responsabilidad del Estado mexicano en la matanza de Acteal casi 23 años después de haber sucedido.
En el encuentro entre autoridades y víctimas se firmó un Acuerdo de Solución Amistosa del Caso 12.790 Manuel Sántiz Culebra y Otros, donde se estableció la forma en la que se reparará el daño a 30 sobrevivientes del ataque y familiares de los fallecidos.
Estado mexicano ofrece disculpa pública a víctimas
“Nunca más otro Acteal, queremos un México diferente”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en un evento en el que ofreció una disculpa pública y reconoció la responsabilidad del Estado mexicano en la matanza de 45 indígenas a manos de civiles armados en la comunidad de Acteal del municipio de Chenalhó, Chiapas.
En el encuentro, en el que participaron autoridades y familiares de las víctimas, el Gobierno Federal asumió la responsabilidad de los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 1997 en los que fallecieron hombres, mujeres y niños.
Además de ofrecer una disculpa pública, el subsecretario Alejandro Encinas explicó que se reparará el daño a 30 personas que resultaron heridas en Acteal o que son familiares de personas fallecidas.
Con un Acuerdo de Solución Amistosa, que ya había sido anunciado desde hace un par de meses, el Estado mexicano implementará alrededor de 20 medidas para reparar el daño a las víctimas de Acteal.
En el encuentro, que se llevó a cabo en la Secretaría de Gobernación, participaron el subsecretario Alejandro Encinas; la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra; el representante en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña; el secretario general del Gobierno de Chiapas, Ismael Brito, entre otras autoridades.