Con una sonrisa y un beso enviado a distancia por su esposa Laura Rocío, la única familiar que lo acompañó en su calvario, se despidió el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, tras ser vinculado a proceso por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa.
“Ánimo, todo va a estar bien. Los niños están bien….”, le dijo Laura Rocío a Aguirre Rivero con un apretón de manos y a punto del llanto, mientras un agente de la Guardia Nacional impedía que la mujer se acercara a abrazar a su esposo antes de ser reingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano.
“Eso es lo que importa”, le respondió sereno el exmandatario que, a diferencia de su primera comparecencia del viernes pasado, en la del miércoles pudo ponerse de pie de la silla de ruedas en la que estuvo durante las 14 horas de audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Vestido con sudadera y pans gris, el experredista estuvo atento y haciendo anotaciones en una ríspida diligencia entre los representantes de la FGR y los abogados defensores, en la que el juez de control Mario Elizondo Martínez llamó al orden y amagó a ambas partes con multarlos y expulsarlos, incluso arrestarlos, si no se sujetaban al orden y a no interrumpirse durante sus exposiciones.
Se incorporan padres y madres de normalistas
Con casi tres horas de retraso inició la continuación de la diligencia de imputación, debido a que se incorporaron 13 padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, como víctimas indirectas, de los cuales cinco estuvieron en la sala de testigos y ocho conectados por videoconferencia en compañía de su asesoría jurídica.
Durante el desarrollo de la audiencia, la defensa presentó 31 datos de prueba con el fin de acreditar que el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, no ordenó ocultar ni destruir videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, sobre la detención de normalistas el 26 de septiembre de 2014, como acusan la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, y Blanca María del Rocío Estrada Osorio, exvisitadora general del Consejo de la Judicatura Estatal.
Declaración de exfuncionaria
Hace apenas unos meses, Estrada Osorio declaró ante la FGR que de la oficina de Lambertina Marín sustrajo discos con los videos de los hechos ocurridos en el mencionado inmueble y que la noche del 29 de septiembre de 2014, aproximadamente a las 20:00 horas, se los entregó a Aguirre Rivero, en Chilpancingo.
Al día siguiente, según la exvisitadora, el experredista habría ordenado la destrucción de las grabaciones a miembros de su gabinete.
La teoría de la defensa fue que el exgobernador no se encontraba en la capital de Guerrero cuando supuestamente le entregaron los videos, sino que el 29 de septiembre de 2014 había viajado a la Ciudad de México para reunirse con el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en una oficina de Polanco, y para demostrarlo presentó dos testigos y diversas documentales.
Sin embargo, todos sus datos de prueba fueron desestimados por el juez de control Mario Elizondo Martínez, quien señaló que sólo bastaban indicios para procesar al político guerrerense por el delito de desaparición forzada cometida por servidores públicos, por el que podría alcanzar una pena de 40 a 60 años de cárcel en caso de ser declarado culpable.
