Los mexicanos nos sentimos inseguros y desconfiamos de la autoridad y de los procesos de acceso a la justicia; ésto lo confirma el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) a través de instrumentos como la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe).
Difícilmente podría ser de otra manera. Si bien la mayoría de delitos de alto impacto parecen disminuir, según información oficial, no así los procesos de victimización, ni el homicidio doloso que ha crecido en casi 20% si comparamos las investigaciones de enero-septiembre de 2016 contra el mismo periodo de 2015.
Aunque nos duela admitirlo, vivimos en un país inseguro, violento, con alta incidencia delictiva, donde la autoridad invierte más tiempo justificando la falta de resultados, descalificando el análisis de expertos, negando la realidad más que trabajando en generar instituciones eficaces y confiables para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Con relación a esto deberíamos preguntar por qué, a pesar de haber gastado miles de millones de pesos en la última década en capacitación, reingeniería institucional, equipamiento y tecnología, controles de confianza, contrataciones, etcétera, seguimos teniendo policías y procuradurías con personal mal tratado, mal pagado, mal capacitado, mal equipado, insuficiente y poco confiable ¿quién se enriqueció a costa de nuestros impuestos? ¿Por qué nadie responde ante la falta de capacidades institucionales?
En un momento donde la crisis de inseguridad y violencia debería ocuparnos en buscar responder a éstas y otras preguntas, una propuesta que como mínimo debemos calificar de irresponsable, parece caer en tierra fértil: modificar el artículo 10o Constitucional para que los ciudadanos podamos portar armas en autos, comercios y autodefendernos. Sí, es una propuesta equiparable a lo que sucedía hace más de tres siglos en el Viejo Oeste, al no haber un Estado capaz de proteger a los ciudadanos, por lo que ellos debían hacerlo por sí mismos.
El senador panista Jorge Luis Preciado dice que pretende “darle armas a los buenos ciudadanos” mediante un proceso de control de confianza. Tal vez Preciado desconoce los innumerables casos de policías que aprobaron controles de confianza estando coludidos con el crimen, delinquiendo y secuestrando ciudadanos.
De la misma manera, el senador Preciado sustenta su propuesta sobre la base de casos como las tasas de homicidio doloso en EU, correlacionándolas con el número de armas en manos de privados, olvidando por un lado los casos de violencia psicótica, urbana o los accidentes ligados a la posesión de armas; y por otro lado, que la baja tasa nacional de homicidios asume connotaciones diferentes ante una mirada local, donde violencia e incidencia delictiva se equiparan o superan a muchas localidades mexicanas y, más aún, que por lo general las instituciones policiales del vecino fronterizo son mucho más confiables.
La solicitud ciudadana de autodefenderse en un ambiente inseguro es entendible, pero no lo es hacerse publicidad a costa de la vida de mexicanos.
