En México, la violencia contra las mujeres no es solo un problema más: es una emergencia nacional. Cada día, alrededor de 10 mujeres son asesinadas de forma violenta, víctimas del machismo, del odio o de la violencia doméstica. De esos casos, apenas una fracción es reconocida oficialmente como feminicidio, invisibilizando la magnitud real del problema.
A la violencia letal se suman otras formas igualmente devastadoras: solo en 2023 se registraron más de 284 mil denuncias por violencia familiar y 89 mil 253 por delitos sexuales.
Pero detrás de esos números hay una verdad más cruda: la mayoría de las agresiones no se denuncian. Miles de niñas, adolescentes y mujeres siguen atrapadas en hogares y relaciones donde el miedo y la agresión se vuelven su rutina diaria.
Desafortunadamente hay muchas historias marcadas por la crueldad y la indiferencia. Una de ellas es la de Ana María Serrano, una joven de 18 años, estudiante de medicina, a quien su exnovio le arrebató la vida el 12 de septiembre de 2023.
Ana María sufrió amenazas, celos enfermizos, insultos, chantajes y control constante. Todas señales claras de violencia de género que fueron escalando, hasta que el agresor le quitó la vida, intentando disfrazar su crimen de suicidio.
Este feminicidio, como tantos otros, deja en evidencia una realidad devastadora: la violencia de género no distingue edad, religión ni clase social. Está presente en todos los espacios -hogares, escuelas, relaciones-, avanzando de manera silenciosa hasta destruirlo todo.
Como sociedad, no se puede seguir normalizando la violencia. Es urgente capacitar a docentes, cuidadores, servidores públicos y autoridades para identificar y atender las señales tempranas.
Pero, sobre todo, se debe educar a los hombres desde la infancia, para que entiendan que los celos, el control y los chantajes no son formas de amor: es violencia.
Hoy, más de dos años después del feminicidio de Ana María, la justicia sigue pendiente. El proceso penal continúa en etapa intermedia, esperando que se desahogue el juicio y se dicte sentencia. El caso se ha prolongado en demasía, principalmente por cuestiones atribuibles a la defensa del imputado.
Es fundamental que los tribunales garanticen que las víctimas puedan acceder a una justicia pronta y efectiva, al mismo nivel que se respeta el derecho de defensa. La dilación en los procesos judiciales perpetúa la impunidad y agrava el sufrimiento de quienes han sido violentadas. Porque cada minuto que pasa sin justicia es un minuto que la violencia gana.
