La violencia homicida es la forma más extrema y visible de todas las violencias, porque causa daños permanentes a personas, familias, comunidades e incluso a la economía y al Estado en su conjunto, lo cual ya es de por sí un gran problema.
Es importante reconocer que cuando esta violencia se presenta, lo que se ve es apenas la punta de un iceberg en el que debajo se encuentran todas las otras violencias como las lesiones físicas y verbales, amenazas, insultos, acoso e incluso la segregación familiar, social y comunitaria.
Por eso, cuando un comunicado oficial como el que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch hace unos días, informa que el promedio diario de homicidios dolosos se ha reducido 40 %, y que diciembre de 2025 registra el nivel más bajo en una década, el dato no puede leerse sólo como una cifra de desempeño administrativo y gubernamental, sino que debe entenderse como algo mucho más valioso y relevante para la vida nacional, pues representa en términos reales un alivio a la presión más letal que durante años ha condicionado la vida de millones de personas.
En el 2015, especialistas del más alto nivel provenientes de todo el mundo se reunieron en la Universidad de Cambridge para discutir las mejores estrategias para alcanzar una reducción global de la violencia a 50 % en el año 2030.
Diez años después, se está demostrando que desde 2018 el esfuerzo sostenido está logrando cambios estructurales y parte de las lecciones aprendidas responde al cumplimiento efectivo de la ley para lograr detenciones, aseguramientos, desmantelamiento de laboratorios y atención temprana de delitos como la extorsión.
Pero se sabe muy bien que estas medidas sólo son efectivas y sostenibles cuando además se realizan acciones profundas y estructurales.
Esto último implica necesariamente decidir con mayor claridad dónde invertir recursos, qué evidencia debe fortalecerse y cómo escalar capacidades nacionales para que estos resultados lleguen a todas las entidades del país.
La recuperación sostenida de la paz, la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía exige pasar del reconocimiento de avances a su consolidación institucional.
Para ello es indispensable contar con una hoja de ruta que permita la continuidad, profundidad y coherencia a todos los estados y municipios del país, comenzando por reconocer y promover la coordinación interinstitucional e intersectorial como forma permanente de gobierno, porque cuando las instituciones actúan de manera articulada, comparten información, alinean prioridades y operan con objetivos comunes en el territorio, la violencia se reduce estructuralmente.
La violencia homicida no persiste de manera homogénea y, por tanto, los recursos deben asignarse con un enfoque territorial claro.
En paralelo, es necesario fortalecer la base de evidencia que sustenta la toma de decisiones. Comprender qué intervenciones están produciendo efectos, bajo qué condiciones y con qué límites, permite afinar las estrategias y evitar respuestas tardías.
La recuperación de la paz es una tarea que corresponde a todo el servicio público en su conjunto, y el logro presentado es también resultado del trabajo coordinado de la actual gestión en su totalidad.
