En la sangrienta guerra civil centroafricana se cometieron crímenes que son, como poco, brutales. Especialmente las violaciones. Hoy en la capital, Bangui, la seguridad está garantizada por el contingente militar de la ONU, pero la tensión es palpable en todos los rincones de la ciudad.
Se suceden los ajustes de cuentas entre grupos armados, y muchos tienen como origen la violencia contra las mujeres. Muchas de las víctimas buscan justicia apelando a la ley del país más pobre del mundo, pero esta ley, que muchas veces parece sorda, tarda en hacer su curso.
El PK5 es una de las zonas más populares de la capital. Aquí se encuentra el grandmarché, centro de la vida comercial de Bangui. El barrio está habitado principalmente por musulmanes, que aquí, a diferencia del resto de la República Centroafricana, son mayoría.
Alrededor, sin embargo, todo es destrucción. El PK5 fue uno de los principales escenarios de los enfrentamientos entre las milicias e incluso hoy basta una mirada sospechosa, una palabra fuera de lugar o un accidente de tránsito para que la sangre fluya.
A finales de 2012 los rebeldes Séléka (alianza en lengua sango), musulmanes, protagonizaron un golpe de Estado y pusieron en el poder a uno de sus hombres. Para contrarrestarlos surgieron las milicias cristianas Anti-Balaka (Anti-Kalashnikov).
Pronto la situación degeneró hasta el estallido de una guerra civil a la que todavía no se logra poner fin.
Los militares del contingente francés Sangaris, los de la Unión Africana y los de la Minusca (la Misión de Estabilización Multidimensional e Integrada de las Naciones Unidas) solo pudieron limitar los daños de la guerra.
Entre 2013 y 2015 Bangui fue testigo de ejecuciones sumarias, torturas y violaciones. Unos crímenes que se perpetúan sin descanso en las provincias más periféricas.
Antes de la guerra las comunidades cristiana y musulmana coexistían en una paz relativa. Los matrimonios mixtos no eran una rareza.
La Coordinación de las Organizaciones Musulmanas de África Central (COMUC) recopila denuncias contra todos los que han cometido actos de violencia contra musulmanes en todo el país. Malick Karomschi es su director.
El director Karomschi siempre está ocupado. Cada día llaman a la puerta de la sede de la COMUC hombres y mujeres con ganas de contar su historia. Sentados en bancos de madera, esperan su turno personas lisiadas, huérfanos, viudas, etcétera.
Para cada uno de ellos Karomschi prepara un dossier -en el que recopila pruebas y testimonios- que luego entrega a un grupo de abogados.
Finalmente, los casos se presentan al Tribunal Penal Especial centroafricano. Hasta ahora Karomschi registró tres mil 100 víctimas, dos mil 800 de las cuales denuncian a los Anti-Balaka y otras 185 a los Séléka. Todavía no se presentó ningún caso ante el tribunal. “Hace falta tiempo para estas cosas”, dice el director.
La sede de la ONG no es más que un pequeño garaje. En el interior hay un escritorio, un ventilador y un par de estantes con pilas y pilas de archivos. La mayoría están marcados con la letra “V”, de violación.
Las tragedias que Karomschi debe escuchar y documentar van más allá de lo que uno pueda imaginar. Videos y fotografías tomados con teléfonos móviles en las que se ve a personas destripadas, carbonizadas, descuartizadas con machetes. Niños incluidos.
La violación es un delito punible según la ley de la República Centroafricana, y a menudo también constituyen crímenes de guerra, o incluso hay extremos para considerarlos crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, hasta la fecha ningún miembro de las milicias fue arrestado o acusado de violencia sexual. Parece claro que la violación se convirtió en una táctica de guerra.
