A bordo de una canoa artesanal, unos indígenas costarricenses se lanzaron a un río del sureste de Costa Rica a cumplir una misión humanitaria de su etnia bribri: donar un saco con limones, 970 racimos de bananos y 150 kilos de yuca para solidarizarse con sus compatriotas que sufren una escasez de alimentos por las secuelas productivas del coronavirus.
Los hombres entregaron la carga en una orilla del río a la Fundación Lloverá, de este país, a nombre de una comunidad que vive en áreas remotas y enfrenta penurias cotidianas por la falta de centros de salud y servicios básicos.
Los bribris enviaron la ayuda pese a sus carencias diarias y a que, como el resto de los pueblos nativos de América Latina y El Caribe, están entre las poblaciones más vulnerables al ataque del Covid-19.
Registros oficiales precisaron que al menos 8% de los 660 millones de habitantes latinoamericanos y caribeños son indígenas y que una mayoría todavía apenas sobrevive tras siglos de marginación, desamparo, exclusión y olvido.
Para el indígena guatemalteco Amílcar Pop, diputado al Parlamento Centroamericano, “los indígenas durante los últimos 500 años, y en especial en los últimos 200 de vida republicana en América Latina, han sido víctimas de las políticas de Estado para empobrecerlos y alejarlos de los sistemas de salud y de educación”, dijo.
“Por la pandemia podemos perder nuestra memoria histórica. Pueblos enteros pueden desaparecer. No sabemos todavía las dimensiones de lo que esto implica. Se vis- lumbra un golpe muy fuerte en contra de su vida colectiva y la pérdida de su sabiduría, de diezmar a las comunidades desde sus ancianos.
“Con el virus, la situación de nuestros pueblos es de exterminio, alto riesgo de extinción”, advirtió el senador indígena colombiano Feliciano Valencia.
Al anunciar que “encendimos las alertas” con casi 100 casos del padecimiento, Valencia lamentó que a los aborígenes “no nos llegan asistencia médica ni materiales de bioseguridad, alimentos, recursos. Agotamos los recursos. Vivimos en las periferias y en selvas, montañas y ríos con difícil acceso”.
Vieja factura
A juicio del indígena ecuatoriano Carlos Sucuzhañay, presidente de la Confederación Kichwa de Ecuador, la “factura” de guerras y epidemias “siempre las pagan los más pobres, que son los indígenas”.
“Somos los más vulnerables. Los gobiernos nunca invirtieron en salud o educación en nuestras comunidades”, dijo Sucuzhañay.
La carencia en alimentos y en atención a la salud también azota a unas mil 800 comunidades nativas de Perú por efecto del Covid-19.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) denunció ante las organizaciones de Estados Americanos y de Naciones Unidas un peligro de “etnocidio” por las políticas nacionales y regionales contra el virus.
Hay “desatención evidente” y “reiterada discriminación” de los pueblos autóctonos, recalcó AIDESEP. “Nos sentimos discriminados”, denunció el indígena peruano Lizardo Cauper, presidente de la Asociación. “Tenemos derecho a ser atendidos como todo peruano”, exigió.