Durante la administración del presidente Donald Trump se les ha revocado la visa al menos a 50 políticos y funcionarios mexicanos, de acuerdo con Reuters. Esto como parte de la estrategia del gobierno de Estados Unidos contra organizaciones del crimen organizado y presuntos aliados políticos en México.
Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, hizo público el pasado 13 de agosto la revocación de su visa, acción que calificó como un acto “sin justificación y de carácter político”.
Acción política
Frente a esto, expertos advierten que el retiro de visas puede estar relacionado con una acción política, y que es distinta a una sanción penal formal. Mientras que un juicio exige investigaciones y evidencias sustanciales, la cancelación de una visa opera bajo la discrecionalidad de las leyes migratorias de Estados Unidos, sin embargo, aclaran que esto no significa automáticamente la inocencia de ningún político.
Expertos e califican esta medida hacia el exsecretario de organización como una “palanca de presión para obtener sus objetivos y enviar una advertencia”.
Diferencia entre sanción y proceso judicial
Vanda Felbab-Brown, investigadora principal de política exterior en el Brookings Institution y experta en conflictos internacionales e internos y amenazas a la seguridad no tradicionales, explica que “revocar o denegar visas es un paso que queda muy por debajo de una acusación penal formal. Para ello, debe haber evidencia mucho más sustancial: prueba de corrupción, colusión con grupos delictivos u otras violaciones graves a la ley”, asegura.
También Guadalupe Correa Cabrera, profesora y codirectora del Centro de Investigación sobre Corrupción, Redes y Crimen Transnacional, pone como ejemplo el contraste con el caso de Genaro García Luna: “Esto es algo bien diferente, porque en ese caso hay mucho material, evidencias, un proceso judicial, pero esto no es un proceso judicial. Huele más a política”.
Por qué razones EE. UU. puede revocarla
Desde 1952, conforme a la Sección 221 (i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE. UU. (conocida en el código federal como 8 U.S.C. § 1201(i)), el oficial consular o el secretario de Estado pueden revocar una visa en cualquier momento, sin previo aviso y por las razones que consideren.
Felbab-Brown cuenta que actualmente con la administración de Trump se han extendido las causas de retiro de visas: “lo hacen a personas que critican a su administración o que cuestionan la política exterior estadounidense. Incluso Trump revocó la visa del expresidente de Costa Rica. De modo que las motivaciones políticas son mucho más prominentes de lo que solían ser históricamente”, y añade ”indudablemente, la administración Trump está utilizando las visas en gran medida como una palanca de presión para inducir cambios de política”.
“Históricamente, primero se debía reunir abundante evidencia para establecer una causa altamente probable de corrupción, criminalidad o colusión con actores contrarios a los intereses de EU (como espionaje), y esto se limitaba exclusivamente al funcionario gubernamental específico. La premisa de antes era que la revocación de la visa es un castigo grave y que no puede haber sanciones colectivas ni castigos por asociación; la evidencia debía vincular directamente a cada individuo”, agrega la investigadora.
Felbab-Brown considera la posibilidad de que las visas puedan ser restituidas a políticos a cambio de algunas negociaciones con el gobierno de Estados Unidos.
