Hace un tiempo legisladores federales mostraron cierto interés en crear un Centro de Estudios para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, ante la necesidad de contar con un órgano de carácter técnico de investigación jurídica, social, cultural y legislativa, encargado de contribuir al trabajo de las comisiones vinculadas con ese asunto.
Con ello, argumentaban, se beneficiarían las comisiones legislativas y los legisladores, en particular, grupos parlamentarios, investigadores, instituciones académicas y la ciudadanía interesada en este tema.
En otras muchas instancias, de la academia, de la investigación, laboran muchos estudiosos y analistas del tema, la mayoría llegados de afuera de esas realidades.
Pese a que algunas de las posturas responden a criterios preestablecidos en tendencias determinadas o, en ocasiones, ancladas en organizaciones confesionales, se argumenta que los objetivos del trabajo en estas regiones, son promover la igualdad de oportunidades de los pueblos originarios y eliminar cualquier práctica discriminatoria. Siempre se habla de una serie de metas que son del todo encomiables.
Sin embargo existe la impresión de que muchas voces indígenas no solo no son escuchadas pese a infinidad de fundados estudios y análisis de campo, sino que eventualmente son apagadas por diversas organizaciones que se mueven en las comunidades y que resultan invisibles en esos estudios.
Ni siquiera la voz de auténticos dirigentes es perceptible a veces, frente al poder avasallante que muestran algunas organizaciones que dicen trabajar por la dignidad de esas poblaciones.
Pero, qué dicen algunos de los que no tienen espacios para hacerse escuchar. Muchos de ellos desean mayor libertad de opinión, expresión, decisión, militancia, incluso, para profesar determinada religión; también aspiran a tener mayor representación política en las regiones cuya población es mayoritariamente indígena. Aún recuerdan que en el pasado se decía que en el ámbito nacional se trabajaba en la conformación de 28 distritos electorales con esas características.
También, más y mejores vías de comunicación y servicios públicos. No se mencionan temas de producción y asistencia social porque son muy conocidos al estar presentes en las comunidades más apartadas de las zonas rurales de la entidad.
Lo anterior, porque no obstante que persiste una dura realidad para estas poblaciones, las instituciones de los gobiernos federal y estatal han realizado una obra considerable en lo que corresponde a asistencia, educación y salud. Un total de 57 mil millones de pesos del presupuesto federal descentralizado ha entrado aquí desde hace más de diez años.
La víspera del Día Internacional de los Pueblos Indígenas es propicia para destacar que los gobiernos federal y estatal han realizado un trabajo que se debe reconocer en estas regiones de Chiapas, lo cual es sumamente relevante al tomar en cuenta que esta población ha aumentado el triple en los últimos 20 años. Además, alrededor del 50 por ciento de estos habitantes del estado no es mayor de 14 años.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por su parte, en su momento se ha referido a la necesidad de respetar y proteger los derechos humanos de los pueblos originarios del país, de cambiar el entorno de desigualdad y marginación en que viven. Con base en cifras de organismos internacionales, cita, en el país hay 15.7 millones de personas de diferentes etnias y ocho de cada 10 de ellas son pobres.
