"México * Notimex. Para José Woldenberg, la transición democrática significa un esfuerzo político por instalar instituciones democráticas y hacerlas funcionar en contextos que las desconocían o que las habían abandonado.
Eso supone un acomodo histórico: remover formas, instituciones, costumbres, prácticas y culturas para asentar y poner en marcha otras; y esto es lo que ha ocurrido en México en las últimas tres décadas, afirma.
De acuerdo con un análisis publicado en el primer número de la ""Revista Mexicana de Cultura Política"", editada por el partido Nueva Alianza, titulado ""De la transición jurídica a la transición política"", el ex consejero presidente del IFE considera preciso reconocer el cambio político que ha ocurrido en el país.
""Reconocer que estamos embarcados en una transición histórica, de grandes dimensiones, y que necesitamos ajustar las visiones y previsiones a una nueva realidad social y política que aparece y se despliega ante nuestros ojos"", agrega.
En el texto, el cual recoge las palabras pronunciadas por Woldenberg en la presentación de ""Una bibliografía para la transición jurídica"", asegura que el país vive un enorme cambio político en donde gobierno, partidos, sociedad organizada y opinión pública llevan varios años inmersos en ese proceso de transición democrática.
Sostiene que la tarea mexicana de los últimos años, sobre todo de la década de los 90, fue la de ajustar las instituciones, las leyes y las prácticas políticas a la verdadera modernidad social. ""Nuestro país cambió paulatina, pero profundamente"", dice.
Ejemplo de ello es el resultado del tema electoral en el gran debate político, que fue la creación de instituciones totalmente nuevas, como el Instituto Federal Electoral, encargado de la ejecución y administración profesional de las elecciones federales en México.
Refiere que la iniciativa y las propuestas de los magistrados que componen el Tribunal Electoral, ya no corre a cargo del presidente de la República, sino que fueron votados en la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
También fue instaurado el control de constitucionalidad, para que todas las leyes electorales del país quedaran ceñidas a los principios y los objetivos que enumera la carta magna.
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