Conmemorar 73 años del reconocimiento constitucional del derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser electas es mucho más que recordar una fecha histórica. Es honrar la lucha de quienes abrieron camino y garantizar que ninguna mujer tenga que volver a luchar por derechos que ya hemos ganado.
Desde 1953, esa conquista fue resultado de décadas de organización participación de las mexicanas por la plena obtención de sus derechos de ciudadanía.
Mucho antes de aquel reconocimiento nacional, Rosa Torre González abrió camino al convertirse, en 1923, en la primera mexicana en ocupar un cargo público de elección popular, como regidora del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. Su historia recuerda que los avances democráticos comienzan, muchas veces, con quienes se atreven a desafiar los límites de su época.
Desde entonces, con esa conquista puede medirse en nombres y en cifras: desde Aurora Jiménez de Palacios, primera diputada federal en 1954, más de mil 600 diputadas y 445 senadoras han llegado al Congreso, que hoy es paritario; 22 mujeres han sido gobernadoras y, desde 2024, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo es la primera mujer presidenta de México.
La conquista del sufragio fue el punto de partida de una transformación que ha requerido reformas legales, instituciones comprometidas y una ciudadanía dispuesta a defender la igualdad.
En 1993 y 1996 se incorporaron disposiciones orientadas a impulsar una mayor participación de las mujeres en las candidaturas, aunque sin mecanismos suficientemente efectivos para garantizar su cumplimiento.
La reforma electoral de 2002 representó un avance al establecer cuotas de género obligatorias y sanciones para los partidos políticos que incumplieran las reglas de postulación.
En 2014 dieron otro paso decisivo: dejar atrás el modelo de cuotas para avanzar hacia una representación equilibrada como principio constitucional.
En el proceso electoral de 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció criterios para que los partidos políticos nacionales y las coaliciones postularan al menos siete mujeres en las 15 gubernaturas que se renovaron aquel año.
Pero la participación femenina efectiva requiere condiciones para llevar a cabo una contienda digna, entre las cuales cabe mencionar acceso real al financiamiento público, ser postuladas a cargos en los que tengan una posibilidad de real de ganar, y un entorno físico y digital libre de violencia para ejercer su derecho a postularse y ser electas.
Hoy, uno de los mayores obstáculos para la participación política de las mujeres es la violencia que enfrentan por el hecho de participar en la vida pública.
Según el estudio “Mujeres que se postulan, mujeres que narran sus historias”, coordinado por ONU Mujeres, durante las campañas del proceso electoral 2023-2024, más de ocho de cada diez candidatas experimentaron violencia.
Hay que recordar que cuando una candidata es amenazada, intimidada, desacreditada o atacada para impedir que participe en condiciones de igualdad, no solo se vulneran sus derechos, también se debilita la calidad de nuestra democracia.
Frente a esta realidad se necesita prevención, herramientas eficaces, atención especializada y respuestas institucionales oportunas. También se requiere una sociedad que no normalice las agresiones ni traslade a las víctimas la responsabilidad de protegerse de ellas.
