¡Ya basta! Docentes y clanes allegados cobijados por la ignominia e ignorancia no pueden seguir lacerando la dignidad del pueblo chiapaneco. En los rincones de Chiapas se habla en voz alta de los abusos de sectores del magisterio. Una voz iracunda les reclama por dejar a miles de niños sin educación, por violentar a las Instituciones, por negarse a ser evaluados en sus propios conocimientos como profesores, por provocar la quiebra de cientos de comercios, por incomunicar al estado, por destruir el patrimonio de empresarios, por violentar la vida pacífica de un pueblo trabajador que en otros tiempos veía en los profesores a líderes sociales.
Hoy poco queda del respeto de otros tiempos hacia los profesores. Quienes han cambiado y unificado sus interés distantes de la educación, ahora más cercana a la violencia y terquedad en franca búsqueda del interés personal, aun cuando en el camino se violen los derechos y humillen a sus semejantes.
Es el caso de seis maestros adultos –dos mujeres y cuatro hombres— que ocupan cargos directivos y que fueron trasquilados en Comitán por integrantes de organizaciones campesinas afines a los docentes disidentes, quienes los hicieron caminar descalzos, colocándoles cartulinas con leyendas como: “traidores a la patria” y “charros”.
Entre los agredidos hay profesoras de edad avanzada, podrían —por la edad— ser madres de los presentes, abuelas del principal agresor. Lo que sí son, es seres humanos, docentes que buscaban llevar procesos educativos a niños chiapanecos, lo hacían a escondidas, como si educar se tratara de un delito.
Hoy los chiapanecos estamos hartos de estos abusos. El incidente de ayer es una manifestación clara de los abusos de un magisterio y sus seguidores manipulados por personajes externos que sacian su sed con el dolor de la tierra local.
Particularmente el joven agresor poco sabrá del movimiento magisterial, su rostro evidenciaba —al igual que sus manos opresoras— ignorancia y arrogancia. La justicia tiene que alcanzarlo, porque hoy más que nunca, la justicia, la legalidad y la seguridad son elementos medulares para la consolidación democrática y para el desarrollo de México.
Esta manifestación con un origen antropológico de transgresión y rezago evidencia la necesidad de hacer valer el Estado de Derecho como herramienta insustituible para la ordenada convivencia.
Aristóteles indicó que el propósito de la educación es reproducir para cada generación el tipo de carácter que habría de mantenerse. En el caso de los abusadores, es momento de enterarlos que bajo ninguna circunstancia pueden agredir y vejar los derechos de profesores sin esperar sanciones. La educación ha sido y será el mecanismo más claro para el desarrollo.
En un comunicado la Federación, a través de la la Secretaría de Educación Pública (SEP) condenó categóricamente la violencia perpetrada por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y advirtió que se iniciarán acciones contra de los agresores a fin de que sean dados inmediatamente de baja del servicio público educativo.
Esperamos como chiapanecos que estas sanciones se realicen de inmediato y además que el largo brazo de la Ley alcance a los agresores, que se les lleve a responder por sus actos y que esto sirva a los docentes para entender que estas acciones en nada abonan a la gobernabilidad ni a la educación. Si ellos en verdad van tras la justicia, deberán abandonar estas prácticas abusivas y escuchar el grito de la ciudadanía.
Los docentes deberían tener un conocimiento claro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los mecanismo legislativos y normativos que nos rigen. Habrían de saber que existen caminos legales para procurar las condiciones que buscan. Deberían saber que solamente los legisladores pueden analizar y eventualmente reformar las leyes, si es en beneficio de todos los mexicanos, no de unos cuantos.
Y si no lo saben deberían preguntárselo a algún niños cursando el tercer grado de primaria, que según el modelo educativo nacional debería haber sido instruido en la división de poderes y los alcances del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En cualquier caso los docentes y algunos legisladores federales de doble discurso deberían abandonar “politiquerías” y reconocer el derecho de la ciudadanía que ante los abusos y excesos del magisterio les reclama: ¡Ya basta!
