El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, condenó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la constitucionalidad para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) acceda a información financiera sin una orden judicial.
Al respecto sostuvo que esto “pone en riesgo a las y los empresarios y a sus familias”.
“No vamos a permitir que ahora desde el Gobierno Federal se le persiga al sector empresarial que aporta desarrollo a nuestro país. Quieren sacar dinero para sus proyectos faraónicos y caprichos presidenciales que investiguen a sus compinches”, indicó.
Zambrano Grijalva sostuvo que la determinación del máximo tribunal es “terrorismo fiscal”.
Perredistas se manifiestan frente a la SEP
En otro tema, líderes y militantes del PRD acudieron a la Secretaría de Educación Pública en el Centro Histórico, para informar sobre los amparos obtenidos en favor del programa Escuela de Tiempo Completo y para manifestar su rechazo a los cambios de las reglas de operación del programa La Escuela es Nuestra.
Acompañados por niñas, niños y madres de familia afectadas, las y los militantes encabezados por la secretaria general del PRD, Adriana Díaz Contreras, informaron que en días pasados una juez federal en materia administrativa con sede en la Ciudad de México, concedió la suspensión definitiva ordenando detener la operación de La Escuela es Nuestra, por ser un programa violatorio al derecho a la educación y a la alimentación de la infancia, y vulnerar el principio de progresividad en materia de derechos humanos.
Evidenciaron que a pesar de ello, la SEP ha solicitado al juzgado sobreseer el amparo, con el pretexto de que el acuerdo 08/04/22 por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa La Escuela es Nuestra 2022, los Comités Escolares de Administración Participativa tendrán la facultad de decidir sobre “las condiciones de infraestructura física, equipamiento, material didáctico y el establecimiento de un horario extendido con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias y servicio de alimentación”.
“Es una medida tramposa por constituir una simulación para no cumplir el derecho a la educación en los términos reconocidos en la Constitución”, acusó Díaz Contreras.