Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) serán prioritarias para el desarrollo nacional y se espera que a más tardar en 2018 se logre el establecimiento de al menos una empresa “ancla” o tractora en cada una de las zonas propuestas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) refirió que el 29 de septiembre de 2015, fue enviada al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley Federal de ZEE, para crear por primera vez en México esta figura e instrumentarla en los estados más rezagados del país.
Tras un proceso de amplia discusión y enriquecimiento en ambas Cámaras, el pasado 27 de abril el Congreso de la Unión aprobó el proyecto de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, el cual fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación.
En el Informe Semanal de su Vocería, la dependencia federal refirió que el pasado 31 de mayo, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la promulgación de dicha Ley en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Explicó que las Zonas Económicas Especiales (ZEE) son áreas delimitadas geográficamente en donde se establecen condiciones preferenciales, estímulos y facilidades para consolidar un entorno favorable para la inversión.
Las ZEE permiten atraer y mantener inversiones que generan empleos de calidad y oportunidades productivas para la población de sus regiones.
Señaló que en México se plantea crear ZEE en regiones con alto potencial productivo y logístico dentro de los estados con mayor pobreza, para convertirlas en nuevos polos de desarrollo económico y social.
En el marco de esta ley, el gobierno tiene contemplado crear las primeras ZEE en: Puerto Chiapas, en el municipio de Tapachula, Chiapas, y en Puerto Lázaro Cárdenas, contemplando los municipios colindantes de Guerrero y Michoacán.
Asimismo, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que va de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz; posteriormente se prevé desarrollar una ZEE que beneficie a los estados de Tabasco y Campeche.
La Secretaría de Hacienda resaltó que las Zonas Económicas Especiales representan un cambio en la estrategia para desarrollar los estados del sur del país, reconociendo que las políticas asistencialistas hasta ahora implementadas no han sido suficientes.
