La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Policía Federal Ministerial (PFM) adscrita la Fiscalía Federal en Chiapas (FGE), ejecutó una técnica de investigación (cateo) en la cual se aseguró un inmueble por venta ilegal de gas LP, ubicado en el municipio de San Juan Chamula.
Lo anterior derivado de una carpeta de investigación que inició el Ministerio Público Federal (MPF) por el delito de comercialización de hidrocarburos.
Esto fue en modalidad de sustraer hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin el consentimiento de las personas autorizadas, previsto y sancionado en la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
Denuncia
De acuerdo con los hechos, a través de una denuncia anónima, ciudadanos hicieron del conocimiento sobre la venta ilegal de gas LP en un inmueble que se ubica en la localidad La Ventana, en donde rellenaban cilindros de gas LP sin contar con las condiciones mínimas de seguridad en caso de algún accidente, fuga o explosión.
El MPF solicitó una orden de cateo, misma que fue autorizada por el juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Chiapas.
En esta se aseguró un tanque estacionario con capacidad de cinco mil litros, que contenía mil litros aproximadamente de un líquido con las características del gas LP, de acuerdo con el peritaje de expertos de Pemex.
No tenía permisos
Cabe señalar que previo al operativo, la autoridad ministerial se cercioró de que el domicilio no contara con registros de permisos que otorguen el derecho para llevar a cabo actividades en materia de hidrocarburo.
Para realizar la diligencia contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y peritos de Pemex.
Durante el cateo no se detuvo a ninguna persona, por lo que los elementos policíacos pusieron a disposición del MPF lo asegurado para continuar con la integración de la carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables del delito mencionado.