La voz del hombre se quiebra. “Estoy desesperado”, dice. Mientras la vida de su hermano menor se apaga poco a poco, también se extingue la esperanza de que el culpable pague por el daño hecho.
La autoridad les ha negado la justicia a que tienen derecho. Un irresponsable conductor atropelló al joven universitario cuando iba a su servicio social. Y ahora está muy grave. Casi desahuciado. Y el Ministerio Público se muestra apático.
Víctor Alfonso Guzmán Girón, de 21 años, está internado en el hospital del ISSSTE. Solo abre sus ojos. No puede hablar ni mover un solo dedo. No debería estar allí ni así.
El debería estar terminando su licenciatura en Historia, en la Unicach.
Precisamente se dirigía a su servicio social el pasado 9 de octubre, por la mañana, cuando fue atropellado a la altura de la colonia Kilómetro 4, en Tuxtla Gutiérrez. Iba con un compañero de la escuela.
Un auto marca Nissan de color rojo, sin placas de circulación, se subió a la acera donde iban y los arrolló. Víctor fue el más afectado.
Fue internado esa vez en el hospital Gilberto Gómez Maza con traumatismo craneoencefálico, con un hematoma “inoperable”, según les dijeron.
El conductor, al parecer ebrio, huyó tras su cobarde agresión al universitario. El auto tenía un permiso de circulación a nombre de Julio César Cruz Cruz. Fue llevado al corralón.
Lo increíble e injusto de este hecho es que el dueño del auto ya fue a reclamar su unidad. Y aunque está identificado, no lo detuvieron ni lo hicieron responsable por los daños irreversibles causados a la salud del joven.
“El fiscal del Ministerio Público Investigador, Rodolfo Alberto Ruiz Antonio, dice que es imposible exigirle al dueño del auto que pague los daños causados. Afirma que no lo pueden detener porque la nueva ley lo impide”.
Y es que la familia de Víctor Alfonso, de escasos recursos, ya no tiene nada para seguir solventando los enormes gastos médicos. Por eso pidieron apoyo a Julio César Cruz. “No queremos meterlo a la cárcel. queremos que nos ayude económicamente”, agrega el hermano de Víctor.
Pero Julio César asegura que él no iba conduciendo su auto. “Pues que nos diga quién lo llevaba y vamos con él para que responda”, dice el agraviado. Y según Rodolfo Ruiz, la “nueva ley” ampara al dueño. “No lo podemos obligar a que nos diga quién llevaba al auto”, dice el encargado de aplicar justicia.
Pero nunca señala qué ley ni qué artículo. “Creo que le están dando algo a cambio”, sospecha el familiar del atropellado.
La desesperación es grande. A Víctor lo quieren echar del hospital, con el argumento de que “no hay nada qué hacer”. Y la familia pobre no tiene cómo tenerlo en su humilde casa. Necesitan equipo especial y no saben cómo adquirirlo.
Para colmo de males, fueron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y tampoco hubo apoyo.
Por eso la voz del hombre se quiebra. Porque mientras la vida de su hermano menor se apaga poco a poco, también se extingue la esperanza de que el culpable pague por el daño hecho.
