En la ranchería Los Coquitos, en el municipio de Acapetahua, se llevó a cabo un despliegue en donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), actuando bajo una orden de inteligencia, irrumpieron en la zona con una misión clara: desmantelar una operación de vuelo clandestino.
Una avioneta tipo Cessna reposaba silenciosamente en un claro, sus motores ya apagados, pero con la evidencia de un reciente aterrizaje. A tan solo unos metros, seis costales estaban esparcidos por el suelo y su contenido oculto dentro de paquetes rectangulares cuidadosamente embalados.
Junto a ellos, 18 bidones, de los cuales 10 contenían un líquido sospechoso, más tarde identificado como hidrocarburo.
El descubrimiento reveló el oscuro propósito del vuelo: cada paquete contenía clorhidrato de cocaína, con un peso total de 118 kilos, 356 gramos y 700 miligramos, una cantidad significativa que hablaba de una operación bien organizada y financiada.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con peritos especializados, se encargó de analizar y documentar las pruebas.
Los dictámenes químicos confirmaron la naturaleza del estupefaciente, reforzando la acusación de delitos contra la salud y vuelo clandestino, sancionados por el Código Penal Federal.
Con pruebas irrefutables, el caso —ocurrido en agosto de 2022— llegó a los tribunales. En una resolución que reafirma el compromiso del Estado mexicano con la justicia y la legalidad, el juez de Control emitió una declaratoria de abandono de la aeronave a favor del Gobierno Federal.
Esta decisión no solo representa una victoria contra el narcotráfico, sino también un mensaje claro a quienes intentan desafiar la ley.
La aeronave ahora pertenece al Estado, un símbolo de la constante lucha contra el crimen organizado en Chiapas.
La FGR y la Sedena continúan su labor, demostrando que aunque el narcotráfico no descansa, la justicia tampoco.