La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en su Delegación de Chiapas, continúa con las investigaciones luego de cumplimentar la orden de cateo otorgada por el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, donde se logró el rescate de un total de 134 indocumentados.
Las autoridades del INM, Guardia Nacional y Ministerio Público Federal, con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se presentaron a un inmueble con giro de centro botanero ubicado en la colonia Raymundo Enríquez.
Durante la diligencia fueron rescatados 122 personas de nacionalidad cubana, entre las que se encontraban 11 menores de edad. Del total, 10 resultaron ser de nacionalidad nicaragüense, una de Honduras y una de Guatemala, las cuales fueron alojadas en la estación migratoria Siglo XXI y albergues temporales.
El cateo fue posible gracias a una denuncia ciudadana en la que se mencionaba que extranjeros se encontraban encerrados con candado. No se logró detener a ninguna persona.
El inmueble quedó disposición del Ministerio Público Federal de la FGR, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito de albergue en el territorio nacional de personas extranjeras, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y evadir la revisión migratoria con la agravante de que dicho albergue se realice con menores de edad.
Se dio a conocer que los migrantes eran movidos de Tapachula hacia Mazatán a bordo de dos unidades y después seguían el camino a bordo de camiones de redilas hacia Arriaga.
Pagaban alrededor de cinco mil dólares para llegar a los Estados Unidos y eran enganchados desde Guatemala, los traían por caminos de extravíos donde les cobraban el dinero y los llevaban a la bodega en espera de ser trasladados por los traficantes de humanos.
Las autoridades federales continúan con las investigaciones; en caso de ser declarados como víctimas de un delito, se les dará sus visas por razones humanitarias, con un oficio de salida y realizarán sus trámites ante las oficinas de Regulación Migratoria.
De no ser declarados como víctimas, los indocumentados podrían ser deportados a su país de origen o se les dará un oficio por 20 días para que dejen el país por voluntad propia.
