La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) ha sancionado a 55 policías a través del Programa Cero Corrupción, de los cuales nueve fueron destituidos y 5 despedidos.
Solo en octubre la dependencia, que encabeza el comisario general Jorge Luis Llaven Abarca, recibió 95 denuncias por abandono de servicio, siniestro de vehículos, probables irregularidades en el desempeño de sus funciones, realizar disparos, falta a su servicio, estado de ebriedad, desacato de una orden, abuso de autoridad, falta de probidad y honradez, prepotencia al efectuar una detención, participar en actos que denigran a la institución, por no aprobar exámenes de control y confianza entre otros.
Derivado de lo anterior, 52 archivos fueron integrados por comprobación y enviados a la Comisión de Honor y Justicia, a fin de acordarse según el reglamento interno, la sanción correspondiente por la falta cometida.
En este sentido, 55 elementos fueron sancionados, de los cuales nueve fueron destituidos, 26 suspendidos sin goce de sueldo, cinco recibieron amonestaciones privadas, cinco fueron dados de baja por no aprobar los exámenes de control y confianza, y 10 fueron absueltos.
Estos resultados se suman a los ya dados a conocer mediante la presentación del programa Cero Corrupción a los diferentes medios de comunicación, resaltando que del inicio de la actual administración a la fecha se han recibido 2 mil 183 denuncias y se ha sancionado a más de 900 elementos por diferentes motivos.
Es preciso informar que entre los casos más recientes de dicho proceso disciplinario destaca la detención de un funcionario adscrito a la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, por el delito de extorsión.
La detención estuvo a cargo de elementos del Escuadrón de Rescate y Operaciones Especiales (EROE) de la SSyPC, quienes dieron puntual seguimiento a la denuncia de familiares de un interno del penal número 14 El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa.
La denuncia refiere que el funcionario de nombre Hugo Alberto Ochoa Nucamendi, de 48 años de edad, jefe del Departamento Jurídico de dicho centro, solicitó el pago de 15 mil pesos para realizar los trámites de traslado del interno a otro penal, como así fue solicitado por la familia.
Cabe señalar que el trabajador fue detenido en flagrancia, al momento de cobrar el dinero producto de la extorsión, y fue puesto a disposición del Fiscal del Ministerio Público.
Finalmente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, exhortó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a que continúen denunciando cualquier actividad ilícita de los uniformados, a fin de continuar transparentando las instituciones.
