México es a nivel mundial uno de los principales destinos del ‘lavado’ de madera, como se conoce en el mercado negro al comercio ilegal con facturas apócrifas.
En el país se comercializa el macizo forestal de las 150 Áreas Naturales Protegidas de la República Mexicana y se comercializa con Estados Unidos el 60 % de la madera talada sin permiso del Amazonas y bosques de Perú.
El destino en México de los bosques talados, principalmente en Chiapas y Oaxaca, en el Sureste Nacional son los estados del Norte y Occidente del país, como Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Coahuila, sin embargo estos estado son ‘trampolines’ pues el principal destino es Estados Unidos, que utiliza la escueta Ley Forestal en México para ingresar madera ilegal por su Frontera Sur, mediante facturas falsificadas.
Chiapas
En este sentido, René Orantes, presidente de la Asociación Civil Bosques y Gobernanza, recordó que Chiapas cobra un papel relevante a nivel nacional, toda vez que el 90% de su madera es talada ilegalmente por grupos madereros organizados en mafias forestales que además dejan sin sustento a los grupos comunitarios locales.
Anualmente en la entidad se comercializan 400 mil metros cúbicos de madera, — principalmente pino— prácticamente todo proveniente de aserraderos clandestinos en diversas regiones del estado, destacando Ocosingo, Palenque, además de las Zona Norte, Centro y Frailesca, quienes utilizan facturas falsas o duplicadas para vender el producto.
Reconoció que la venta de madera con facturas alteradas en una problemática grave que afecta y genera el saqueo de los bosques y selvas en Chiapas, de prácticamente las 150 Zonas Naturales Protegidas del estado.
Ley Forestal
El activista señaló que Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en México no permite el aprovechamiento forestal a los pequeños productores, argumentando la defensa del medio ambiente, pero tampoco regula jurídicamente el traslado y comercio de madera, facilitando la duplicación de facturaciones y creación de guías forestales apócrifas.
Recién en marzo del 2017, con el voto conjunto de los partidos PRI, PAN, PVEM y PES, fue aprobada la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, mediante la cual los órganos civiles que vigilaban la política forestal mexicana se convierten únicamente, en órganos de consulta y pierden toda función de supervisión, generación de propuestas de aprovechamiento y veto
Silvicultores
Al respecto, Alberto Buenrostro, integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (Ccmss) y la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), explicó que el ‘lavado’ de madera fue identificado por las autoridades ambientales en México y también por los organismo internacionales, sin embargo, el Senado y la Cámara de Diputados no ha logrado reformar la Ley Forestal para cerrar el paso a este ilícito que se cree genera ganancias entre 30 y 100 mil millones de dólares anuales.
El también expropietario de tres aserraderos, los cuales cerró por falta de ventas, expuso que la tala ilegal daña al medio ambiente y la economía de los pueblos toda vez que ante los bajos precios en los que se comercializa la madera ilegal, los aserraderos tienen poca capacidad de competencia, toda vez que además de vender tienen un manejo forestal que requiere reforestación e inversión de recursos.
Explicó que la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) documento a México como el tercer país con mayor manejo de madera ilegal para comercializar con Estados Unidos al mercado de muebles y servicios.
Dijo en el país se comercializa el 60 por ciento de la madera talada ilegalmente del Amazonas y bosques de Perú, colocando a México por debajo de Estados Unidos y República Dominicana como los países más `depredadores’ de madera en América.
El destino en México de los bosques talados son Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Coahuila, como ‘trampolines’ para Estados Unidos.
De esta manera el comercio ilegal es consentido por las autoridades federales generando deforestación en México y participando en el saqueo de los recursos del Amazonas y América donde miles de pueblos originales son desplazados por la predación de bosques y selvas. Una reforma Integral a la Ley forestal cerraría el paso al `lavado´ de madera que beneficia a Estados Unidos, quien evidentemente infiere para evitar tal regulación.