La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó reformas legales para despenalizar el aborto practicado antes de 12 semanas de gestación. Por sus implicaciones, el debate previo configuró un tema frontera, con un claro potencial de partir en dos a la sociedad. A reserva de que el asunto entre en una indeseable tormenta jurídica que deba dirimir la Corte y mantenga en vilo a las partes, procede ahora vigilar que la nueva reglamentación sea conducida por la autoridad, local y federal, en el entendido de que lo que está en juego es, fundamentalmente, un delicado problema de salud pública.
En el caso del aborto subyace también un asunto de competencia de derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y el que plantean entidades civiles y religiosas en torno a la vida. Hay, asimismo, una dimensión de libertad de conciencia y de justicia social, dado que aun dentro de la clandestinidad, hay evidencias de que las repercusiones médicas por abortos mal practicados afectan sobre todo a las clases más desprotegidas del país, y en particular del Distrito Federal.
Asumir la aprobación de dicha ley no obliga a nadie a realizar actos que vayan en contra de sus convicciones. La nueva normatividad establece una alternativa de procedimiento médico extremo, no un método anticonceptivo.
Es deseable que el tema no siga siendo motivo de polarización política y social ni pretexto para mantener enfrentados a los mexicanos, porque en este caso, como en muchos, no hay verdades absolutas ni principios de aplicación universal.
Nuestras leyes son el reflejo de lo que somos: una sociedad heterogénea de ciudadanos con ideas plurales y diversas. El Estado laico, como en el que nos preciamos vivir y que debemos defender, garantiza tal riqueza ideológica dentro de un marco legal. De ahí que sean erróneas las posiciones fundamentalistas que durante estas últimas semanas han llamado a silenciar las voces ubicadas en uno u otro lado del debate.
Vienen por delante discusiones similares y tenemos que estar preparados para ellas. Habrá entidades de la República que abrirán su propio debate sobre la despenalización del aborto. También se vislumbran reflexiones públicas sobre alternativas de muerte digna e incluso valoración de la muerte asistida. Más adelante será inevitable hablar de temas como el uso de células madre en procedimientos terapéuticos. En su momento, todas las voces tendrán que ser escuchadas y respetadas. Quien gana con ello es la sociedad, que tendrá mejores elementos para formar criterio antes de que quienes nos representan en el Congreso hagan su labor: legislar.
En el Distrito Federal queda la tarea de supervisar que la nueva normatividad no devenga en abusos de cualquier tipo. Mejor todavía, han de impulsarse campanas de prevención de embarazos no deseados, en favor de un ejercicio responsable de la sexualidad, así como programas de apoyo a madres solteras en condiciones de marginación o pobreza. Ello para hacer que el aborto sea menos frecuente y sí, en cambio, prolifere una ciudadanía enterada y madura, que conjure al máximo la necesidad de recurrir a ese protocolo médico. (El Universal)
